02.01.2026 / OFICIAL
El Gobierno reglamentó el Presupuesto 2026 y la Inocencia Fiscal: qué implica cada ley
Tras su aprobación en el Congreso, el Ejecutivo publicó la reglamentación del Presupuesto 2026 y promulgó la Ley de Inocencia Fiscal, dos normas centrales del esquema económico del oficialismo que redefinen metas macroeconómicas, gasto público y el alcance de la persecución penal tributaria.
El Gobierno nacional formalizó el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal al publicar en el Boletín Oficial la reglamentación del plan de gastos y recursos del próximo año mediante el decreto 932/2025 y promulgar la reforma del Régimen Penal Tributario que, según el texto aprobado, introduce un nuevo marco para la relación entre el fisco y los contribuyentes al establecer un resultado financiero superavitario de $2.734.029.655.055 para el ejercicio fiscal.
El Presupuesto, aprobado por amplia mayoría en el Senado tras más de ocho horas de debate, proyecta una expansión del Producto Bruto Interno del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial que alcanzaría los $1.423 en diciembre de 2026, junto con un superávit primario equivalente al 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%, de acuerdo con las estimaciones oficiales incluidas en la ley.
En materia de actividad, las proyecciones prevén un crecimiento del consumo privado del 4,9%, por debajo de lo estimado para 2025, mientras que el consumo público aumentaría un 1,2% y la inversión un 9,4%, en un esquema que también contempla un incremento de las exportaciones del 10,6% y consolida el ajuste sobre distintas áreas del gasto estatal.
INOCENCIA FISCAL
En paralelo, el Ejecutivo promulgó la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal, sancionada junto con el Presupuesto, que eleva de manera sustancial los umbrales a partir de los cuales una infracción tributaria pasa del plano administrativo al penal, llevando la evasión simple de $1,5 millones a $100 millones y la evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones, además de redefinir criterios de prescripción y limitar los supuestos en los que el organismo recaudador puede formular denuncias penales.
La norma también establece que no habrá acción penal si el contribuyente cancela la deuda antes de la denuncia o regulariza su situación dentro de plazos determinados, incorpora un régimen opcional de declaración jurada simplificada de Ganancias y dispone que, desde 2027, los montos del régimen penal tributario se actualicen automáticamente por UVA, consolidando un nuevo esquema legal que el Gobierno presentó como un incentivo al cumplimiento fiscal.
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