El bloque de diputados del PRO evitó expresar un respaldo explícito al decreto de inteligencia impulsado por el presidente Javier Milei y reclamó información detallada sobre su implementación. En un comunicado, la bancada consideró “imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos” de la reforma introducida por el Poder Ejecutivo.
Desde el espacio que conduce Cristian Ritondo informaron que se conformó un equipo especializado para analizar el Decreto 941/2025, mediante el cual se introdujeron modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y al funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Según señalaron, la postura inicial fue “actuar con responsabilidad institucional” y aguardar la normativa complementaria antes de fijar una posición definitiva.
El PRO recordó además que la modificación de la ley de inteligencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia fue utilizada en el pasado por gobiernos de distintos signos políticos, por lo que no se trató de un mecanismo inédito. En ese marco, admitió que los cambios introducidos “podrían resultar positivos”, aunque insistió en la necesidad de precisiones, en especial en las tareas de contrainteligencia y en las facultades vinculadas a la aprensión de personas.
Uno de los puntos destacados por la bancada fue la integración y unificación de bases de datos estatales, definida como una deuda histórica en materia de seguridad nacional. Según el comunicado, esa modernización debía realizarse dentro de los límites establecidos por las leyes de protección de datos personales vigentes y con usos estrictamente regulados.
Por último, el bloque sostuvo que la ley sancionada en 2001 quedó desactualizada frente a los cambios globales y reafirmó su compromiso con una inteligencia moderna, profesional y sometida a controles democráticos. No obstante, dejó en claro que aguardó el dictado de los protocolos y la normativa complementaria del Ejecutivo antes de expresar una postura final sobre una de las reformas más sensibles del Gobierno.