La Cámara de Diputados de México aprobó la reforma que
reducirá la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, una de las promesas más relevantes del oficialismo en materia de derechos laborales. El proyecto superó el último trámite legislativo en el Congreso de la Unión y quedó en condiciones de ser implementado con un esquema de transición gradual que se extenderá hasta 2030.
El oficialismo celebró la iniciativa como un paso histórico en la ampliación de derechos para los trabajadores, al equiparar a México con estándares internacionales donde la semana laboral de 40 horas es la referencia predominante. Durante el debate parlamentario, legisladores afines al Gobierno sostuvieron que
la reducción de la jornada contribuirá a mejorar la calidad de vida, reducir el estrés laboral y aumentar la productividad.
Según lo aprobado, la reducción no será inmediata.
El cronograma prevé una disminución progresiva de horas trabajadas, permitiendo a empresas y sectores productivos adaptarse al nuevo esquema hasta alcanzar el límite de 40 horas semanales en 2030.
Sectores empresariales expresaron preocupación por el posible aumento de costos laborales, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Algunos legisladores opositores advirtieron que la reforma podría generar presiones inflacionarias o afectar la competitividad en determinados rubros.
No obstante,
economistas que respaldan la iniciativa argumentan que experiencias comparadas muestran que jornadas más cortas no necesariamente reducen productividad y pueden, en ciertos casos, mejorarla.
La aprobación de la reforma laboral se produce en un momento de fuerte actividad legislativa impulsada por el Ejecutivo encabezado por Claudia Sheinbaum, quien también anticipó el envío de una nueva reforma electoral que incluiría una reducción del gasto del Instituto Nacional Electoral (INE).
De este modo, el oficialismo consolida una agenda que combina ampliación de derechos sociales con ajustes en la estructura institucional del Estado, en un escenario donde mantiene mayoría parlamentaria y capacidad de impulsar transformaciones estructurales.
La reducción de la jornada laboral marca así un hito en la política social mexicana y abre una etapa de negociación sectorial sobre su implementación concreta, en un país donde la discusión sobre condiciones de trabajo ha cobrado centralidad en los últimos años.