Este viernes fue formalizada la renuncia del hasta ahora titular de la Oficina Anticorrupción Alejandro Melik, así como la designación de su reemplazo por parte del nuevo conductor del Mnisterio de Justicia, Juan Bautista Mahiques, como parte de una reconfiguración de dicha cartera.
A través del decreto 194/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial, Mahiques nombró a Gabriela Carmen Zangaro al frente del organismo, luego de agradecer al funcionario saliente "los servicios prestados" durante su gestión, iniciada en diciembre de 2023.
La dimisión de Melik fue aceptada el pasado 13 de marzo. El abogado había llegado al organismo durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona y mantenía una relación de cercanía política y profesional con el ex ministro.
Durante su paso por la Oficina Anticorrupción, Melik protagonizó uno de los episodios más resonantes del organismo al intervenir en el caso $Libra, donde firmó una resolución que recomendó interpretar la conducta del presidente Javier Milei como “un acto de comunicación individual o privada”, tras una investigación administrativa interna.
QUIÉN ES GABRIELA ZANGARO
Para reemplazarlo, el Ejecutivo eligió a Gabriela Zangaro, abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Derecho Penal, con una extensa trayectoria en el Poder Judicial y experiencia docente en el ámbito del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Zangaro inició su carrera judicial en 1989 y, a lo largo de los años, ocupó distintos cargos en tribunales y organismos de control, además de integrar durante cuatro años el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, donde participó en procesos de evaluación y eventual sanción de magistrados.
CAMBIOS
En paralelo, el Ministerio de Justicia avanzó con otra modificación en su estructura: a través del decreto 195/2026 designó a la politóloga Jimena Belén Capece como nueva subsecretaria de Acceso a la Justicia en reemplazo de Tristán Corradini, en un área clave para la implementación de políticas federales de asistencia a víctimas, acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y programas como el de Víctimas contra las Violencias, consolidando así un reordenamiento en sectores sensibles del sistema judicial.