Acompañó al ex jefe de Gobierno porteño en la Ciudad, es armadora PRO, íntima de la ex familia presidencial y desde 2015 estaba a cargo de Documentación Presidencial. A cambio de casi $100 mil mensuales, recibió 12 veces a la banda de espías en Casa de Gobierno, en el Área Presidencia. También iban a comer. Los "pinchados": entre otros, CFK y Santilli, con razones hasta personales.
El organismo antilavado entiende que la empresa beneficiada por el macrismo simuló su estado de cesación de pagos y además fugó y lavo dinero. La presentación de la UIF señala que Vicentin forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil y España.
Mientras la Justicia Federal investiga el sistema de espionaje ilegal de Macri, tampoco queda libre de pesquisas quien fuera su socia bonaerense: un expediente por el mismo motivo comenzó por una denuncia presentada por un ex comisario bonaerense, que dio cuenta de una red de seguimientos sin orden que funcionaba desde el Ministerio de Seguridad provincial. A quiénes espiaban.
Tal como hizo Cristina el lunes, el jefe de gobierno porteño adelantó su turno y fue hoy a los tribunales de Lomas de Zamora para conocer el material de inteligencia del que habría sido "víctima", como él declaró, bajo gestión de Cambiemos a nivel nacional. El juez Villena le habría mostrado audios y fotos de cómo lo persiguieron y su abogado habría pedido ser querellante.
La ex jueza de Casación Penal de la Ciudad de Buenos Aires y fundadora de la agrupación Justicia Legítima ocupará el cargo debido al escándalo desatado en las cárceles debido a las múltiples investigaciones judiciales por presunto espionaje y escuchas ilegales realizadas por la AFI macrista, que incluye los penales.
Patrocinado por el letrado del ex presidente, Gustavo Arribas presentó hoy un escrito al juez Marcelo Martínez de Giorgi en el que negó "terminantemente haber cometido delito alguno" durante su desempeño al frente de la ex Side. Se investiga el posible espionaje ilegal de correos electrónicos a políticos propios y ajenos, dirigentes y periodistas.
Mientras Cristina viajaba a Lomas de Zamora para presentarse ante la Justicia por el mismo motivo, el jefe de Gobierno porteño confirmó que concurrirá esta semana a esos mismos tribunales federales para conocer la causa que investiga un presunto espionaje ilegal a políticos durante la gestión Cambiemos. Dijo estar "convencido" de que su socio PRO "no tiene nada que ver".
La camarista confirmó ante la Justicia el accionar de la "mesa judicial de Mauricio Macri": declaró que el ex funcionario nacional y actual fiscal general de la Ciudad la visitó en su despacho para presionarla en la causa acerca de la constitucionalidad del pacto con Irán que tenía a la ex presidenta acusada. Aseguró haber sido la primera víctima del lawfare.
El juez federal Federico Villena los convocó para que revisen lo que encontró en las computadoras secuestradas a un narco, un espía y en el Servicio Penitenciario Federal. La vicepresidenta y el jefe de gobierno tendrán que decidir si se presentan como querellantes en la causa.
El juez Canicoba Corral pidió el allanamiento de la empresa Abertis que pertenece a Florentino Pérez, el empresario español que preside el famoso club a nivel mundial y que es socia del Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires, la Autopista Panamericana y el Acceso Oeste.