La camarista confirmó ante la Justicia el accionar de la "mesa judicial de Mauricio Macri": declaró que el ex funcionario nacional y actual fiscal general de la Ciudad la visitó en su despacho para presionarla en la causa acerca de la constitucionalidad del pacto con Irán que tenía a la ex presidenta acusada. Aseguró haber sido la primera víctima del lawfare.
El juez federal Federico Villena los convocó para que revisen lo que encontró en las computadoras secuestradas a un narco, un espía y en el Servicio Penitenciario Federal. La vicepresidenta y el jefe de gobierno tendrán que decidir si se presentan como querellantes en la causa.
El juez Canicoba Corral pidió el allanamiento de la empresa Abertis que pertenece a Florentino Pérez, el empresario español que preside el famoso club a nivel mundial y que es socia del Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires, la Autopista Panamericana y el Acceso Oeste.
El fiscal general adjunto ante la Cámara Federal exigió que se vuelva a investigar la presunta corrupción en la licitación pública para la construcción en la zona porteña de Puerto Madero, que había sido cerrada por Bonadio antes de morir. Con énfasis en el rol de Calcaterra, el primo de Macri, podrían caer los sobreseimientos del jefe de Gobierno porteño y del ex ministro de Transporte.
El juez Martínez de Giorgi ordenó, entre otras cosas, peritar el disco rígido hallado en la ex Side, en el cual se encontraron supuestos rastros de e-mails interceptados de dirigentes propios y ajenos durante la gestión Cambiemos. Según trascendió, el periodista macrista solicitó el "resguardo" de sus correos a fin de no "agravar" lo que le hicieron el ex presidente y Arribas.
Federico Elaskar reveló que Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera durante el macrismo, le dijo que si declaraba como arrepentido y nombraba a Cristina le iban a conseguir "un salvaconducto a Estados Unidos" para poder fugarse "vía Uruguay". Además dijo que expondrá el rol de la Agencia Federal de Inteligencia y las pruebas en el juicio oral.
Por decisión del fiscal Jorge Di Lello, el ex presidente será investigado nuevamente por espiar sin permiso, tras la denuncia formulada por la actual titular de la central de inteligencia debido al seguimiento sin autorización judicial de los mails de casi 100 políticos, empresarios, sindicalistas y periodistas. Las medidas que pidió y que podrían llevar al líder PRO a Comodoro Py.
El fiscal Jorge Di Lello investigará la denuncia que la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó contra la administración del organismo durante el último gobierno por "chupar" los mails de casi 100 personas, incluidos dirigentes propios y ajenos. Podrían pedir la declaración en Comodoro Py del ex presidente y su "amigo acostumbrado a las trampas".
La decisión de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad se tras la denuncia por el "proceso sistemático de inteligencia ilegal" que la gestión de Mauricio Macri implementó al "chupar" los mails de 100 personas, entre oficialistas y opositores. “Se corrió el velo de una relación muy promiscua de los servicios de inteligencia con el Poder Judicial para hacer operaciones”, señaló la funcionaria nacional.
El juez Martínez de Giorgi y el fiscal Di Lello ya tienen en sus manos la presentación por el "proceso sistemático de inteligencia ilegal" que la gestión de Mauricio Macri implementó al "chupar" los mails de 100 personas, entre oficialistas y opositores. Desde Laura Alonso hasta Negri, de JxC; pasando por periodistas como Majul, y peronistas como Magario y Perotti.