Un fallo del fuero contencioso administrativo declaró la nulidad del protocolo que habilitó la represión inmediata de protestas sociales. La decisión judicial reivindicó el derecho a la protesta y dejó en manos de los jueces, y no del Poder Ejecutivo, la autorización para el uso de la fuerza.
La Cámara Federal ratificó la acusación por lesiones gravísimas y abuso de armas, ambos delitos agravados por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad.
La Corte paraguaya rechazó la apelación presentada por la defensa del exsenador argentino y dejó firme la elevación a juicio oral por contrabando de divisas, prevista para abril de 2026. La decisión también alcanza a su exsecretaria y cierra la vía recursiva ordinaria.
Gobernadores de distintos signos políticos endurecieron su postura frente a la Casa Rosada y ya van dos que amenazan con iniciar acciones judiciales por fondos adeudados. Las advertencias se concentran en coparticipación, cajas previsionales y programas recortados.
El proceso judicial se originó en la ciudad de Goya, donde el Tribunal de Juicio de la II Circunscripción Judicial el 25 de febrero pasado halló a los acusados autores y coautores de asociación ilícita y estafa en modalidad continuada.
El juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick dispuso "admitir la cautelar solicitada" por el Consejo Interuniversitario Nacional tras la suspensión del Ejecutivo -mediante decreto- de la Ley 27795.
El máximo tribunal penal federal consideró inadmisible el planteo de la querella y dejó firme la continuidad del juez Daniel Rafecas en el expediente por violencia de género que involucra al ex presidente.
Su padre, Miguel Ángel Calvete, preso por una condena previa, es una pieza clave en la maniobra investigada. En un allanamiento al domicilio de la exfuncionaria, la Policía secuestró cerca de 700.000 dólares, entre otras divisas.
El juzgado de Río Negro dispuso el embargo preventivo de los haberes de la legisladora nacional en el marco de una demanda civil por una operación inmobiliaria. La decisión alcanza a su salario como diputada y no implica aún un fallo sobre el fondo de la causa.
La medida fue dispuesta en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que investiga el origen de fondos utilizados por el exdiputado libertario, e incluye a su entorno familiar y sociedades vinculadas.