El proceso se puso en marcha con la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio, elaborado por el fiscal de instrucción Carlos Stornelli. La secretaria María Cecilia Chichizola inició la exposición de la acusación, que abarca seis causas conexas, cada una con su propio auto de elevación a juicio.
El máximo tribunal dejó firme una sentencia que negó la personería gremial al Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA), creado en la cárcel de Devoto. Los jueces consideraron que los internos no son trabajadores en el sentido legal del término.
La medida fue dictada en el marco de una acción cautelar presentada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que reclamaron la inmediata convocatoria del organismo tripartito encargado de fijar el salario mínimo.
La Cámara Federal porteña convalidó el trámite de elevación a juicio en el expediente impulsado por Fabiola Yañez. Los jueces Irurzun y Farah integraron la mayoría, mientras que Boico votó en disidencia.
La Justicia santacruceña fijó un cronograma preliminar para el debate contra integrantes de la Armada por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que causó la muerte de 44 tripulantes en noviembre de 2017.
El eclesiástico celebró la revocación de la prisión preventiva de un exintegrante de la CNU y difundió su respaldo a la Corte Suprema en una carta publicada en medios y replicada por activistas pro impunidad.
En la presentación, la defensa del exdirector del ANDIS se limita a señalar que los audios no pueden constituir el inicio de una investigación penal por violar garantías constitucionales, al haber sido grabados y distribuidos sin consentimiento. De esta manera, se plegó a la estrategia de los dueños de la droguería Suizo Argentina.
El máximo tribunal ordenó a los jueces de instancias inferiores fundamentar con detalle la continuidad de las detenciones preventivas, en una resolución que impacta sobre represores aún no condenados.
El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó el juicio oral y público para Miguel Rivaldi, al asegurar que el accionar del efectivo fue “desproporcionado e injustificado” y violó los protocolos vigentes sobre uso racional de la fuerza y empleo de armamento no letal.
Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro dejaron este martes la defensa de la exprimera dama, en plena puja judicial por alimentos y régimen de visitas de Francisco. el equipo también se apartó del expediente penal que inició el expresidente.