El fiscal Picardi y el juez federal Sebastián Casanello decidieron avanzar sobre los protagonistas más visibles de la operatoria, entre los que destacan los ahora exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini. Pero dejaron indicios de que avanzarán sobre aquellos que colocaron a Garbellini dentro del Andis y a quienes habrían dirigido la cartelización de las droguerías.
El fiscal federal Franco Picardi habría detectado una organización delictiva, direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos y sobreprecios. Los detalles.
Insólito. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, potencial sucesor de Cuneo Libarona defendió la “meritocracia” judicial pero evitó mencionar los fallidos nombramientos de Lijo y García-Mansilla.
El exministro de Planificación Federal comenzó a cumplir la condena de cuatro años de prisión luego de que la Corte Suprema ratificara la sentencia por administración fraudulenta en la Tragedia de Once.
El exministro kirchnerista reclamó que se anule la sentencia que lo condenó a cuatro años de prisión. Su defensa denunció arbitrariedad en el fallo y adelantó que llevará el caso ante la ONU.
Spagnuolo insiste en que los audios que lo comprometen fueron creados con inteligencia artificial y pedirá escucharlos cuando se levante el secreto de sumario. Su abogado, Mauricio D’Alessandro, pidió la nulidad de la causa.
El proceso se puso en marcha con la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio, elaborado por el fiscal de instrucción Carlos Stornelli. La secretaria María Cecilia Chichizola inició la exposición de la acusación, que abarca seis causas conexas, cada una con su propio auto de elevación a juicio.
El máximo tribunal dejó firme una sentencia que negó la personería gremial al Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA), creado en la cárcel de Devoto. Los jueces consideraron que los internos no son trabajadores en el sentido legal del término.
La medida fue dictada en el marco de una acción cautelar presentada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que reclamaron la inmediata convocatoria del organismo tripartito encargado de fijar el salario mínimo.
La Cámara Federal porteña convalidó el trámite de elevación a juicio en el expediente impulsado por Fabiola Yañez. Los jueces Irurzun y Farah integraron la mayoría, mientras que Boico votó en disidencia.