La diputada nacional Marcela Pagano presentó este miércoles la denuncia ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú para que se investiguen las circunstancias en las que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina y salió del país en un avión privado.
Tras perder las elecciones en Brasil y pese a la prohibición judicial dictada menos de veinticuatro horas, el senador y excandidato del Partido Liberal (PL) se dirige a Florida junto con su esposa y sus dos hijas, según consignaron distintos medios brasileños.
En el escrito presentado ante la Justicia, el exdiputado libertario solicitó a la Cámara Federal de San Martín que revoque la decisión del magistrado, levante el embargo de $1.000 millones y la prohibición para salir del país y dicte su sobreseimiento.
El diputado nacional Maximiliano Ferraro los acusó de impulsar una maniobra para garantizar la “impunidad y el encubrimiento” del mandatario y su entorno.
La resolución hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien pidió sobreseer a los once implicados en el caso. El magistrado concluyó que los hechos denunciados no encuadraban en las figuras penales analizadas.
Las elecciones de representantes de los abogados para el Consejo de la Magistratura dejaron un escenario dividido en tercios. La lista vinculada a sectores de la UCR y el PRO obtuvo el 33%, mientras que las dos nóminas con presencia peronista alcanzaron el 31% y el 26%. Separadas por apenas seis puntos, en conjunto concentraron el 57% de los votos.
El comienzo del debate está fijado para este viernes a las 10 horas. Los jueces revocaron el desdoblamiento dictado por el Tribunal Oral Federal 5.
La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín no hizo lugar al reclamo presentado por su defensa para pedir la nulidad de las medidas de prueba impulsadas por el fiscal Rodolfo Domínguez.
El ex titular de ANDIS y el resto de los acusados habían sido procesados el 9 de febrero de 2026, en una decisión posteriormente confirmada por la Sala II de la Cámara Federal. Ahora, la nueva resolución extiende la atribución a las maniobras vinculadas con las contrataciones del rubro insumos, como parte de la misma estructura delictiva investigada.
La presentación incluye cargos por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. Durante los incidentes, la PFA detuvo a 25 personas, entre ellos, un menor de 14 años.