La fiscal Andrea Scanga subrayó que este acto discriminatorio atentó contra los derechos personales de la víctima, incluyendo su honor, dignidad, imagen, derecho a la autodeterminación y su identidad de género.
Ante los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, el abogado de la expresidenta, Carlos Berardi, sostuvo que “violaron de una manera grosera garantías constitucionales” y aseguró que dictaron una “sentencia manifiestamente arbitraria”.
Una cautelar le permite a la Universidad de Pilar continuar con su normal funcionamiento hasta que se analice la cuestión de fondo. Este primer fallo podría ser replicado por otras casas de estudio.
El máximo tribunal revocó el fallo que llevó a un incremento de la indemnización en un aumento del 7745,30%. "La capitalización periódica y sucesiva de intereses derivó en un resultado económico desproporcionado y carente de respaldo", señalaron.
Tras reunirse con jueces federales en Mendoza, el ministro Mariano Cúneo Libarona confirmó que presentará un recurso de per saltum ante la Corte por el fallo que hizo lugar al pedido de Chubut para que se le restituyan los fondos de coparticipación.
Desde una banca en la bicameral provincial, algo que jamás había ocurrido en la historia institucional, el Gobernador confirmó la decisión de ir a Justicia y de no actuar por la fuerza. Los legisladores aprobaron la entrega de facultades extrordinarias casi por unanimidad.
La Fiscalía argumenta que durante el gobierno de Cristina Kirchner existió una asociación criminal que desvió fondos del Estado, y busca que se revise y se imponga una condena por estos actos.
Por decreto, el Gobierno estableció que la cartera de Justicia queda a cargo de implementar el sistema acusatorio, que ya rige en Jujuy y Salta en toda la Argentina. "Queremos establecer el mejor sistema judicial procesal para nuestro país", dijo el ministro Cuneo Libarona.
El tribunal dio lugar a una apelación del Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, y resolvió que se tramite en la Justicia ordinaria.
El procurador general consideró que no se puede incorporar la "estructura sin una modificación legal” y señaló que facultades de la procuraduría propuesta son iguales a las que actualmente tienen la investigación de los hechos de corrupción, la PIA y la PROCELAC.