22.12.2025 / JUDICIALES

Casación cerró la vía a la Corte y dejó a Rafecas al frente de la causa contra Alberto Fernández

El máximo tribunal penal federal consideró inadmisible el planteo de la querella y dejó firme la continuidad del juez Daniel Rafecas en el expediente por violencia de género que involucra al ex presidente.








La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso extraordinario presentado por la querella de Fabiola Yañez y cerró la vía para que la discusión sobre el juez a cargo del expediente llegara a la Corte Suprema. De este modo, quedó confirmada la intervención de Daniel Rafecas en la causa por supuesta violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández.

La resolución fue firmada por los camaristas Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, quienes declararon inadmisible el planteo al considerar que no cumplía con los requisitos formales exigidos ni demostraba la existencia de una cuestión federal suficiente. Para el tribunal, los argumentos de la querella no lograron acreditar arbitrariedad en la decisión previa que había apartado al juez Julián Ercolini.

Según sostuvo Casación, los cuestionamientos de la defensa de Yañez “sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta”, sin alcanzar el umbral necesario para invalidar una decisión judicial. En ese sentido, los magistrados recordaron que la doctrina de la arbitrariedad requiere defectos graves que descalifiquen el fallo como acto jurisdiccional válido, algo que —afirmaron— no fue probado.

El antecedente inmediato se remonta al 6 de octubre, cuando la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un planteo de la defensa de Fernández, apartó a Ercolini por considerar configurada una “enemistad manifiesta” y ordenó el sorteo de un nuevo magistrado, al tiempo que ratificó la validez de todo lo actuado hasta entonces.

Con esta nueva decisión, Rafecas quedó en condiciones de continuar con la instrucción y avanzar hacia la etapa de juicio oral. El ex presidente está acusado por amenazas coactivas y lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género, delitos que prevén penas de hasta 15 años de prisión y que, según la acusación fiscal, se habrían extendido entre 2016 y agosto de 2024, en un marco de violencia sistemática y asimetría de poder.