El plan B de la denuncia de Nisman

Una semana después de que la Cámara Federal confirmara la negativa a reabrir la denuncia de Alberto Nisman, la otra sala del tribunal deberá esta semana examinar la validez de la investigación que abrió el juez federal Claudio Bonadio contra el excanciller Héctor Timerman que busca ser la llave para reactivar la denuncia del extitular de la UFI-AMIA contra Cristina Fernández de Kirchner.

Este martes tendrá lugar la audiencia ante la Sala II de la Cámara Federal para evaluar el planteo hecho por los abogados de Timerman, quienes sostienen que se ha duplicado la persecución penal contra el excanciller y sobre lo que también alertó el juez Eduardo Freiler en el fallo del martes pasado en el que volvió a rechazar -- junto a su colega Jorge Ballestero – la apertura de la denuncia de Nisman que tramita en el juzgado de Daniel Rafecas.

La causa de Bonadio tomó impulso por una presentación de la DAIA después de que se diera a conocer – sin especificar el origen – un audio de una conversación entre el extitular de la AMIA Guillermo Borger y Timerman, quien entre 2010 y 2015 fue el canciller de CFK. En realidad, la causa había surgido con la denuncia de Santiago Dupuy de Lome, un abogado que se asume militante del macrismo y que acusaba al exministro de CFK de traición a la patria por decir que Irán había estado detrás del atentado en la AMIA y por avanzar en la negociación con ese país de un memorándum que permitiera tomar indagatoria a los acusados en Teherán y que habilitaba la creación de una comisión de verdad.

El 24 de mayo, los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun dieron vía libre a que la causa continúe, pero le ordenaron a Bonadio que procurara averiguar el origen del audio. La existencia de ese audio fue invocada por el fiscal Gerardo Pollicita a cargo de la denuncia de Nisman para pedir su reapertura, pero Ballestero y Freiler recordaron que éste no constituía prueba. Eduardo Farah, quien el año pasado insistió que la denuncia del titular de la UFI-AMIA debía abrirse, consideró que la causa de Bonadio coincidía con la que estaba en manos de Rafecas.

En criollo, un plan B por si la causa original fallaba.

Durante los últimos meses, Bonadio recolectó pruebas y tomó testimoniales. ¿A quiénes citó a declarar? En su mayoría, a periodistas y a diplomáticos. Los periodistas Daniel Santoro, Gabriel Levinas y Jorge Rosales, uno de los secretarios de redacción de La Nación, desfilaron por el despacho del juez, exhibiendo los puntos de contacto que suelen existir entre los medios y la justicia.

El magistrado también se interesó por lo que tenían para decir funcionarios de la cancillería, entre ellos el exvicecanciller Roberto García Moritán, cuyo testimonio fue difundido la semana pasada por distintos medios del Grupo Clarín pese a que la declaración fue prestada en los últimos días de agosto. Bonadio también escuchó a Susana Ruiz Cerutti, la exconsejera legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a los excancilleres Rafael Bielsa (2003-2005) y Jorge Taiana (2005-2010).
En busca de cambios en la política exterior

De acuerdo a las testimoniales, el interés del juez está puesto en determinar si existió un cambio de política de la Argentina con respecto a Irán, tal como denunció Nisman en la denuncia que presentó el 14 de enero de 2015 en el juzgado de Ariel Lijo y que éste rechazó hasta que terminó en manos de Rafecas.

Bielsa ocupó el Palacio San Martín durante los dos primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Según él, durante esa etapa, para el presidente el atentado a la AMIA era un “tema excluyente” de la agenda internacional. “No queríamos tener ninguna relación con Irán pues no cumplían con el derecho internacional”, le dijo a Bonadio, quien hasta 2005 tuvo a su cargo la investigación sobre el encubrimiento del atentado hasta que fue apartado por la Cámara después de planchar la investigación en torno al gobierno menemista.

Según Bielsa, los iraníes propusieron realizar una reunión en Venezuela, propuesta que fue rechazada por el entonces mandatario. El excanciller dijo que Irán siempre manifestó su intención de comprarle bienes a la Argentina a cambio de olvidar el caso AMIA. Sin embargo, remarcó que cuando dejó la cancillería, el intercambio comercial entre los dos países era marginal, aunque creció durante la gestión de su reemplazante.

Taiana, por su parte, explicó en su declaración del 23 de agosto que los intercambios comerciales con Irán fueron entre privados y que las relaciones entre Teherán y Buenos Aires fueron de baja intensidad, lo que se dejaba en evidencia por la ausencia de embajadores.

García Moritán, en su testimonio del 29 de agosto, hizo referencia a una reunión entre diplomáticos de los dos países en 2005 en la que él participó y en la cual los iraníes supuestamente presentaron un papel sin membrete en inglés en la cual se hacía referencia a un acuerdo sobre los imputados en la causa AMIA. “Estoy casi seguro de que no se guardó ninguna copia de ese texto en la cancillería”, se atajó. García Moritán volvió a acordarse de esa propuesta no documentada – dice – cuando se desató la polémica por el memorándum de entendimiento con Irán, que nunca fue puesto en vigencia porque no fue aprobado por el parlamento persa y en 2014 fue declarado inconstitucional por la sala I de la Cámara Federal, la misma que rechazó abrir la denuncia de Nisman que sostenía que el acuerdo era, en realidad, un caballo de Troya para garantizarle impunidad a los acusados del atentado del 18 de julio de 1994.

Según García Moritán, quien en enero volvió a la cancillería de la mano de Susana Malcorra, en la reunión que se celebró en Francia por las circulares rojas contra los iraníes y en la que participó Nisman, los enviados de Teherán le preguntaron a Ronald Noble cuáles eran los dos mecanismos para levantar los alertas. Aparentemente le respondió que eran un acuerdo entre las partes o una orden del juez. Noble se convirtió en un nombre conocido para los argentinos días después de que el fiscal del caso AMIA presentara su denuncia contra CFK, Timerman y el diputado Andrés “Cuervo” Larroque, entre otros.

“Lo que dice el fiscal Nisman es falso. Ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos las alertas rojas contra los funcionarios iraníes”, dijo el 18 de enero del año pasado – horas antes de que el fiscal fuera encontrado sin vida -- al diario Página/12.

Taiana, que era canciller cuando sucedió la reunión en Francia por las circulares, hizo referencia a intentos de Irán para mejorar la situación ante la inminente votación de las alertas rojas. Dijo que en octubre de 2007, Irán envió una nota con una serie de pasos para mejorar las relaciones entre ambos países.

Versiones
El antecesor de Timerman no habló de cambios en la política frente a Irán entre el gobierno de CFK y de su marido. De hecho, recordó que él y la mandataria acordaron que la delegación argentina se retiraría de la asamblea de Naciones Unidas cuando estuvieran Irán en uso de la palabra. La declaración de Taiana pone en entredicho lo sostenido por García Moritán, quien enfatizó que había existido un cambio inexplicable por parte de la expresidenta.

En su denuncia, Nisman habló de una diplomacia paralela – cuyos brazos supuestamente se extendían mucho más allá del Palacio San Martín. En marzo de este año, Clarín publicó una nota diciendo que Timerman había eludido a la asesora legal para firmar el pacto con Irán.

Sin embargo, Ruiz Cerutti declaró haber tenido participación en algunas reuniones con la diplomacia iraní y que no había emitido un dictamen sobre el memorándum porque no era obligatorio. “La consejería legal es un área de consulta para todas las autoridades de la cancillería, pero no es un área de consulta obligatoria”, aclaró. La diplomática explicó que el área a su cargo opina sobre tema de derecho internacional público mientras que el área jurídica de la cancillería lo hace sobre cuestiones domésticas, que habría sido la oficina que más activamente se involucró en el tema.

“Francamente no conozco con profundidad cómo era la relación entre Argentina e Irán, pues los temas vinculados entre ambos países no pasaban por el área de consejería legal”, dijo Ruiz Cerutti el 24 de agosto, aunque explicó que sí participó en una reunión en Ginebra que se realizó el 30 de octubre de 2012. Allí los iraníes plantearon que no podían extraditar a los acusados y, según la diplomática, se llegó a hablar de la intervención de un tercer país, pero que no se avanzó en ese sentido ni se plasmó ninguna propuesta en ningún documento.

“No me consta que Irán haya propuesto acuerdos de negociación, intercambios comerciales o cualquier tipo de ofrecimiento respecto a lo ocurrido en la causa AMIA, ni tampoco para negociar sobre la vigencia de las circulares rojas”, dijo Ruiz Cerutti.

Un rompecabezas mediático

Uno de los primeros en declarar fue Rosales y en referencia a una serie de artículos que escribió en septiembre de 2007 cuando Kirchner viajó a Nueva York. Bonadio le preguntó por una declaración oficial que consiguió por parte de un vocero de la cancillería iraní, quien había sostenido que Irán estaba dispuesto a conformar un comité judicial con la Argentina para clarificar ciertos puntos del caso AMIA.

Ocho días después, el juez escuchó a Santoro, quien explicó que a través de distintas fuentes pudo reconstruir que el supuesto giro del gobierno de CFK vino de la mano de Hugo Chávez. El periodista de Clarín se permitió un par de sugerencias para la investigación que dirige Bonadio, el magistrado que procesó a la expresidenta en mayo en la causa por la venta del dólar futuro y al que ella había definido como un “juez pistolero”.

Santoro le sugirió pedir el voto del juez Juan Carlos Gemignani, que equiparaba la cesión de la jurisdicción de la justicia argentina con la traición a la patria. El tenor del voto se había filtrado en los medios pero nunca llegó a ser emitido porque, a poco de asumir, Mauricio Macri desistió el recurso que el Estado nacional había planteado ante Casación y quedó firme la inconstitucionalidad del memorándum declarada por la Cámara en 2014.

El periodista también apuntó contra Juan Manuel Mena, quien ofició de número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desde diciembre de 2014 hasta que CFK dejó la Casa Rosada, pero que al momento de la firma del memorándum era el secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia.

En los últimos diez días, Clarín a través de la pluma de Santoro, revivió la declaración que Antonio “Jaime” Stiuso, quien fuera el hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia (SI), aportó en febrero en la causa que investiga la muerte de Nisman y a la que el espía había vinculado con el accionar de grupos ligados al anterior gobierno. Pocas horas después de esa declaración, la jueza Fabiana Palmaghini firmó una resolución que enviaba la causa a la justicia federal.

En los tribunales de Retiro, Bonadio le pidió a la UFI-AMIA que le enviaran las escuchas en las que Nisman había sustentado su denuncia y le pidió la AFI que le enviara información vinculada al memorándum. En los últimos días, un abogado se presentó y pidió que se incorporaran las notas de Santoro con la versión de Stiuso.

En Comodoro Py

El 20 de septiembre, la Corte Suprema zanjó la discusión y remitió definitivamente la causa por la muerte de Nisman a los tribunales de Comodoro Py para que la tramiten el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, el mismo que en los primeros días de agosto le pidió a Bonadio que avanzara con la investigación contra Timerman.

En las últimas horas, circuló una versión que expresaba una supuesta molestia del fiscal porque desde la Procuración habían nombrado “sólo” a cinco personas para leer la causa Nisman. Sin embargo, fuentes de ese organismo dijeron que los cargos llegaban a diez y que se había dotado al agente del ministerio público con una oficina en la calle 25 de mayo de la Capital Federal.
En agosto, Bonadio le pidió la causa por la denuncia original de Nisman a Rafecas, que en dos oportunidades concluyó que no había delito para ser investigado y cuya decisión fue convalidada por la Sala I de la Cámara Federal el último martes.

Molesto por el fallo, el fiscal general Germán Moldes – denunciado por querellantes del caso AMIA y uno de los impulsores de la marcha de silencio por Nisman – anunció que iba a apelar. La causa le deberá llegar a Javier de Luca, quien el año pasado dictaminó en sintonía con Rafecas y los camaristas. La presentación de la DAIA llevará la causa ante los casadores Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.