La presión internacional por la liberación de Milagro Sala pone en aprietos al Gobierno y hasta le genera fracturas internas. Tras los pronunciamientos del Grupo de Trabajo de
Naciones Unidas, de
Amnistía Internacional y del
Parlasur, el oficialismo busca evitar que esa tendencia se incremente. Para ello,
invitará a la Argentina a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y al Grupo de Trabajo de la ONU. Proponen que evalúen in situ el caso de la dirigente social jujeña, que lleva más de 300 días presa.
Así fue informado por fuentes de Casa Rosada al diario La Nación.
La gestión Cambiemos quiere que las misiones de la OEA y la ONU tomen contacto directo con Sala, con los funcionarios judiciales que llevan adelante la causa por malversación de fondos en la Tupac Amaru y con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
La invitación formal a la CIDH y al Grupo de Trabajo de la ONU se girará en las próximas horas y se definió ayer tras una reunión que hubo entre funcionarios de Cancillería, la Secretaría de Derechos Humanos, la Jefatura de Gabinete y el gobernador jujeño.
Tras el informe de la ONU que consideró “arbitraria” la detención de Sala, presa desde enero, diversas voces se hicieron eco de ese reporte y se sumaron al reclamo por su “inmediata liberación”. En tanto, mañana el Gobierno debe entregar una respuesta a la CIDH para informar sobre la situación judicial de Sala ante una eventual definición sobre medidas cautelares que pidieron el CELS y Amnistía Internacional.