La detención de Milagro Sala, cuestionada por organismos internacionales por su condición de “arbitraria”, suma un motivo de fractura al interior de la gestión Cambiemos. Si bien la postura predominante en el Gobierno apunta a dejar actuar a la justicia jujeña, bajo influencia del gobernador Gerardo Morales, y hacer caso omiso de los pronunciamientos de la ONU y la OEA, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires planteó públicamente su opinión contraria.
“Desde hace casi tres décadas que planteo que las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos deben ser cumplidas”, dijo Santiago Cantón, dejando expuesta la grieta que genera el tema en el oficialismo.
“Desde hace casi tres décadas que planteo que las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos deben ser cumplidas. Tanto desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como en mis clases en Georgetown o la UBA. Sé que hay otras opiniones. Pero en ese sentido, yo considero que las visitas de los organismos internacionales deben estar principalmente orientadas a buscar mecanismos para que se cumpla con las decisiones”, dijo Cantón a Página 12, en relación a la resolución del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que reclama la “libertad inmediata” de la dirigente social jujeña porque considera que su arresto es “arbitrario”.
Antes de asumir en el gobierno de María Eugenia Vidal, Cantón fue secretario ejecutivo de la CIDH, por lo que si bien el caso Sala no es un tema de su jurisdicción, fue consultado en su calidad de experto. Y su opinión fue clara: que había que cumplir la resolución de la ONU. Hasta ahora la había expresado puertas adentro, pero tras la respuesta del Gobierno a los organismos –incumpliendo con la liberación- decidió hacerla pública.
El Gobierno respondió a los organismos que “es la justicia de la provincia de Jujuy la que deberá resolver dichos pedidos”. Además, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, invitó a la CIDH y a los expertos de la ONU para que visiten el país. Pero
Cantón advirtió que las visitas deberían estar destinadas a corroborar el cumplimiento del reclamo de la ONU, no a intentar que cambien su postura.
La respuesta del Gobierno trascendió mediante el diario La Nación, que publicó que el documento señalaba que liberar a Sala “implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación” judicial que se le sigue por malversación de fondos. Desde el oficialismo intentaron mostrar que el mensaje no tenía ese espíritu, pero no desmintieron esa información ni hicieron público el informe completo, al que no pudieron acceder aún los organismos que habían realizado la denuncia ante la ONU: el CELS, Andhes y Amnistía Internacional.
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