En su reciente visita a Holanda, Mauricio Macri deslizó que la creciente conflictividad social impacta negativamente en la llegada de capitales extranjeros al país. Sin embargo, nada dijo sobre la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
Consultado por los paros y las movilizaciones, en alza desde el mes pasado, el Presidente declaró que “todo influye, porque acá lo que está en juego es si este cambio cultural es producto de una decisión de todos los argentinos o solamente la decisión de un Presidente”. Rápidamente,
el aparato mediático afín al Gobierno quiso instalar la idea: las inversiones no llegan al país por culpa de los trabajadores.
Sin embargo,
la conflictividad social y laboral está lejos de ser la principal y única razón de la falta de inversiones en el país. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en los últimos años no hubo una relación inversa entre ambas variables.
Al vincular el promedio de conflictos mensuales, según datos del Ministerio de Trabajo, con la formación bruta de capital fijo y la inversión extranjera directa, según información del Indec, se observa que
desde 2010 hasta mediados del año pasado, en solo la mitad de este período la inversión sube cuando cae la conflictividad.
“Al considerar los últimos seis años y el primer semestre de 2016, se comprueba que
solo entre 2011-2012, 2013-2014 y el primer semestre de 2016 existe una relación inversa entre conflictos e inversión, es decir, cae la inversión y aumentan los conflictos”, sostiene el estudio.
“Se percibe asimismo que
en 2009-2010, 2012-2013 y 2014-2015, la relación es directa, es decir, aumentan los conflictos y aumenta la inversión y viceversa, mientras que para 2010-2011 se mantiene la cantidad de conflictos y la inversión aumenta sensiblemente”.
La llegada de una “lluvia de inversiones” fue una de las principales promesas de campaña de Cambiemos. Sin embargo, la lluvia fue solo garúa y las pocas inversiones optaron por radicarse en el circuito financiero, sin generar empleo ni producción. Hoy, ante un panorama que continúa adverso, el Gobierno no hace autocrítica ni modifica sus medidas, sino que elige criminalizar la protesta.
Las conclusiones del informe contradicen las declaraciones del Presidente, quien señaló que la conflictividad social “influye” en la llegada de inversiones, pero nada dijo sobre la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
Todo indica que se trata de una nueva operación discursiva de Cambiemos para deslegitimar la protesta social y transformar en responsables de la recesión económica a sus propias víctimas: los trabajadores y las trabajadoras que desde diciembre 2015 vieron reducidos sus salarios y sus derechos.
*Sociólogo y Periodista