Parece ser que al gobierno de
Mauricio Macri se le hizo costumbre la vigilancia trucha, ya que
se conoció que la gran mayoría de la estructura estatal gestionada por Juntos por el Cambio habría espiado de forma ilegal a los principales jueces del país, incluyendo desde la Corte Suprema hasta camaristas de importantes tribunales y reconocidos magistrados de Comodoro Py.
Es que el juez federal
Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Ramiro González investigan si el Gobierno condujo una red de espionaje ilegal a través de la que habrían vigilado y controlado los movimientos de jueces como el cortesano Juan Carlos Maqueda hasta Martín Irurzun, el camarista que jugó para el PRO estos años, pasando por buena parte de los magistrados de Comodoro Py y de tribunales que manejan causas clave y de alto impacto político.
La causa está a cargo de Canicoba y es investigada por el fiscal González, tal como reveló el portal El Destape, y se logra determinar si el Gobierno espió de manera ilegal
principalmente a través del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y las fuerzas que conduce, pero también mediante la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFI, entre otros.
Según el portal LPO, el propio magistrado a cargo de la pesquisa habría sido espiado y por eso envió a sorteo la fracción del caso que lo tiene como víctima y quedó trasladada la parte de la investigación de la que es víctima a la jueza María Romilda Servini de Cubría.
Se trataría de la vigilancia y el control de al menos 21 magistrados víctimas de actividades de inteligencia ilegal por parte del Gobierno, ejecutada desde distintos organismos públicos.
Las víctimas no solamente fueron Maqueda e Irurzun, sino que la lista incluye también a la jueza de la Cámara de Casación Ana Figueroa, al camarista Mariano Llorens y a los jueces de primera instancia Luis Rodríguez, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, María Eugenia Capuchetti, y Canicoba y Servini, que se reparten la investigación.
También aparecen jueces de tribunales que están a cargo de juicios de alto impacto, como Sabrina Namer, Nicolás Toselli, María Gabriela López Iñíguez, Ángel Gabriel Nardiello, Sergio Adrian Paduczak, Javier Feliciano Ríos y José Martinez Sobrino. Y la lista sigue con jueces del fuero penal económico como Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart, Pablo Yadarola y Claudio Gutiérrez de la Cárcova.
Según El Destape, lo que une a todos los casos fueron consultas a la Dirección Nacional de Migraciones desde distintos usuarios en varios organismos públicos.
Resta saber qué estaba espiando cada uno de los organismos involucrados, pero ya se sabe que estos últimos son el Ministerio de Seguridad, la AFIP, la Policía Federal, la Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería, la Procuración General de la Nación, Prefectura, la Policía de la Ciudad, y dependencias de la Corte Suprema. Excepto estas dos últimas, todos tienen como terminal el Poder Ejecutivo, principalmente a Bullrich y al titular de la UIF Mariano Federici.
Canicoba les pidió a todas que le comuniquen
“en el marco de qué investigación y con intervención de qué Magistrado, se dispuso ingresar la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones y obtener información de salidas al exterior”.
El pasado 27 de septiembre, el fiscal González emitió un dictamen en el que afirmó que busca desentrañar si desde esas dependencias estatales
“se desplegaron actividades de espionaje e inteligencia ilegal”. Se sospecha que la información que surgió de esas tareas prohibidas se utilizó con distintos fines. Entre otros, la publicación en medios de comunicación oficialistas a modo de “apriete”. En algunas ocasiones, los artículos que involucraron a magistrados derivaron en denuncias en el Consejo de la Magistratura.
MACRI, EL SUPERAGENTE 86.
Este caso, gravísimo, significa una tercera mancha más que arrastra el líder PRO en materia de espiar personas de manera ilegal desde su primera gestión en la Ciudad. Ya son varios capítulos que unen al presidente con el espionaje y siempre lo descubrieron.
El primer caso es de octubre de 2009, cuando el referente de la comunidad judía, Sergio Burstein, denunció penalmente al entonces jefe de gobierno porteño por considerar que estaba siendo espiado por una red de espionaje clandestino encabezada por el comisario Jorge "Fino" Palacios, de la Policía Metropolitana.
El seguimiento de Burstein había sido ejecutado por el espía Ciro James, que trabajaba en el ministerio de Educación porteño. A Macri también se lo acusaba de ordenar a esa estructura que espíe a su ex cuñado Néstor Leonardo. Su padre Franco tuvo que salir en su defensa y declaró que había contratado a una empresa norteamericana para seguir a su yerno.
Ya como Presidente de la Nación, luego de que el caso de Juan José Gómez Centurión en la Aduana hiciera explotar el esquema que la AFI tenía con la empresa C3 Consulting de Leonardo Scatturise, surgió la red de espionaje de Marcelo D'Alessio.
Bullrich, cuyo ministerio también es investigado por Canicoba, había admitido una reunión con D'Alessio, detenido por pedir coimas a empresarios en nombre de fiscal Carlos Stornelli, que instruye en la causa de los cuadernos de la corrupción.
La red de D'Alessio salpicó también a las principales figuras de la Coalición Cívica, como "Lilita" Carrió, y a Silvia Majdalani. A la "Turca" se la vinculó con los ex comisarios bonaerenses Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, detenidos por el juez Alejo Ramos Padilla. El supremo Horacio Rosatti ya había sido espiado, junto al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, por la red D'Alessio, según confesó el ex agente de la AFI, Rolando "Rolo" Barreiro.
