La Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció en Comodoro Py que durante el gobierno de Cambiemos se armó desde ese mismo organismo una persecución fiscal sistemática contra la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo y su hija Florencia, bajo órdenes directas de Mauricio Macri.
“Hubo una maquinaria de persecución y hostigamiento a opositores políticos”, había denunciado CFK en un escrito que sus abogados Carlos Beraldi y Romina Mercado presentaron ante la AFIP a principios de febrero de este año. Es que, de la mano de las causas de espionaje ilegal y la "mesa judicial M", la ex mandataria está segura de que Macri usó por completo el aparato del Estado para ejecutar una persecusión en su contra que no sólo es política y judicial, sino también fiscal.
Cristina presentó la denuncia ante la AFIP marcando de forma minuciosa y detallada cómo ella y sus hijos fueron hostigados por el organismo recaudador durante la época de Macri.
Ante eso,
Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, ordenó que se ejecute una amplia auditoría interna para comprobar si era cierta la denuncia de la Vicepresidenta. Diez meses más tarde
se presentó en Comodoro Py con una ampliación de denuncia contra el ex presidente y los ex administradores del organismo que encabeza, Alberto Abad y Leandro Cuccioli.
La causa, según informó Página 12, recayó en el juzgado 11, el que antes ocupaba el fallecido juez Claudio Bonadio y que ahora subroga
Marcelo Martínez de Giorgi. Este magistrado delegó la investigación a la fiscal
Paloma Ochoa. Las órdenes emanadas para perseguir a CFK y su familia, según la denuncia de la AFIP, no estaban sujetas a derecho y consumaron los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Marcó del Pont dio intervención a la Subdirección General de Auditoría Interna y a la Subdirección General de Asuntos Jurídicos. Lo que se entregó este lunes a la fiscal es el resultado de dos autorías que se hicieron a lo largo de casi ocho meses.
“La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado. Los hallazgos dan cuenta de una matriz de persecución desplegada en las gestiones del doctor Alberto Abad y del ingeniero Leandro Cuccioli, durante el gobierno que presidió el ingeniero Macri”, escribió Marco del Pont en una providencia interna antes de presentar la denuncia en la justicia federal.
CÓMO PERSIGUIERON A CRISTINA DESDE AFIP
Los textos presentan datos específicos y detallan lo actuado por la AFIP durante los mandatos de Abad y Cuccioli:
- Cuando se realizaron las primeras determinaciones de las obligaciones tributarias de la familia Kirchner, ni siquiera se la notificó. Le enviaron oficios a domicilios que no tenían vinculación con la ex presidenta, lo que se hizo para actuar una justificación para actuar en las sombras. Es más, incluso pudieron haberla notificado en el Senado -Cristina es una persona muy pública-, pero esquivaron hacerlo para seguir las actuaciones sin que ella supiera.
- La ley establece que el órgano recaudador busca que el contribuyente pueda ejercer su defensa. Al no haberla notificado ni haberla puesta al tanto de los procesos, "quedó en entredicho el debido proceso", dice la Auditoría.
- Se determinaron obligaciones tributarias de oficio, cuando en realidad había varios domicilios alternativos y hasta públicos para notificar a la entonces senadora. O sea, establecieron montos de deuda descomunales e injustificados y siguieron vedándole la vista de las actuaciones y la intervención en los procedimientos.
- Se detectó “irregularidades en el análisis de las fiscalizaciones de las situaciones patrimoniales”, lo que llevó a exigencias de pago inexactas y a seleccionar a determinados funcionarios para que las hagan.
- En todo lo que tuviera que ver con familia Kirchner no intervenía el funcionario que correspondía, sino que la conducción seleccionaba a quienes se consideraba que estaban alineados con la persecución.
- Para cada trámite queda registrado el ingreso de un funcionario a los datos de cualquier contribuyente. La Auditoría estableció que hubo miles de ingresos en la base de datos referida a Cristina Kirchner y sus hijos e incluso existe la sospecha de que hubo maniobras para tapar aún más ingresos irregulares y violatorios del secreto fiscal. “Constatamos la magnitud de las consultas realizadas en las bases de datos de la AFIP respecto de la vicepresidenta y sus hijos, así como la existencia de consultas efectuadas al margen de procedimientos reglados", se explica.
- Se encuentra probado por la Auditoría que se constituyeron grupos de trabajo concentrados en perseguir a determinados grupos y contribuyentes, algo que va totalmente en contra de la igualdad y la neutralidad que debe guardar la AFIP.
- “La Subdirección General de Auditoría Interna identificó que en el ámbito de la Subdirección General de Recaudación se pergeñó un sistema informático mediante el cual se pretendió ejercer un control exhaustivo de dos grupos económicos específicos, en vez de construir una herramienta de supervisión aplicable a todos los contribuyentes o, siquiera, a una clase de ellos, sin afectar el trato igualitario de los contribuyentes”, dice el texto que presentó AFIP, con lo que revela una maniobra escandalosa para crear un sofware para uso casi específico sólo con CFK.
- Hubo una “singular coordinación de acciones entre funcionarios de la AFIP e integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público que excedió la colaboración que la administración presta a la judicatura”. O sea: determinados jueces y fiscales ni siquiera cursaban pedidos oficiales, sino que había un ida y vuelta a escondidas, una especie de alianza en la persecución. “Esto ya fue reconocido por un funcionario de la AFIP en sede judicial”, agrega el informe, en referencia a testimonios que se dieron en el juicio respecto de Oil Combustibles en que se reconoció que había grupos de tareas especialmente dedicados a hostigar a ese grupo empresarios.
