El juicio contra la vicepresidenta Crisitina Fernández de Kirchner y 12 imputados más, por presuntos delitos de corrupción con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015,
se reanuda este lunes con el inicio del alegato fiscal que se extenderá durante 9 audiencias, tres por semana.
La única parte querellante de la causa es el
fiscal Diego Luciani, quién comenzó el alegato en la mañana de este lunes frente al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 diciendo que el Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner montaron “un auténtico y eficaz sistema de corrupción” y los acusó de haber provocado una defraudación millonaria a las arcas públicas.
En ese sentido, el fiscal aseguró que puede acreditar que “funcionó en el seno del estado una asociación ilícita”, de la que culpó a la vicepresidenta y a su marido, el expresidente; y sostuvo que Lázaro Báez era “socio comercial de Néstor Kirchner y de su esposa”, tras lo que responsabilizó a todos de un “
perjuicio económico y social inconmensurable”.
Para el fiscal, se eligió la obra pública vial de Santa Cruz como el ámbito de donde sacar fondos del Estado para generarse enormes beneficios económicos.
“Crearon la empresa constructora que les respondiera”, aseguró Luciani en alusión a Austral Construcciones.
“Las 51 licitaciones analizadas buscaron eliminar la competencia para que Báez fuera beneficiado ilícitamente con contratos millonarios”, “la supuesta competencia que tenían las empresas de Báez era una ficción”, insistió y afirmó que “todo se encubrió con fórmulas para darle una aparente legalidad”.
“Vamos a explicar cada una de las licitaciones. Cada una, las 51″, anunció Luciani, aunque no completó tal misión y centró su discurso en múltiples ocasiones en "el sentido común" y "la lógica".
En la última jornada previa a la feria judicial- que comenzó el 18 de julio y termina hoy-
la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que se adjudicaron a empresas del también acusado Lázaro Báez en ese período.
El organismo consideró "irresponsable avanzar en la acusación" por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, planteó inconsistencias en las pericias y reclamó absoluciones, así la única voz acusadora que quedó en el debate es la del fiscal Luciani.
Al respecto, durante su alegato el fiscal criticó a la UIF. “El trabajo de la UIF fue temerario. No valoraron la prueba y la escasa prueba que valoraron, la tergiversaron”. “Debió explicar por lo menos mínimamente por qué descartó la cuantiosa prueba” sostuvo Luciani y consideró que el alegato del organismo fue “vago, impreciso y carente de rigurosidad”.
En esta primera audiencia
Luciani utilizó una declaración del presidente Alberto Fernádez como prueba contra Cristina Kirchner y aseguró que el actual jefe de Estado aportó un elemento para demostrar la relación “que no está en duda”, entre Néstor Kirchner y Lázaro Báez.
Durante la audiencia escucharon la declaración de Fernández, fue la única grabación que pidió hasta ahora el fiscal y se reprodujo durante el zoom al que la vicepresidenta asistió desde su despacho en el Senado.
El juicio se realiza de manera virtual desde agosto de 2020, pero los tres jueces,
Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, están presentes en una de las salas de audiencias de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002.
En la causa se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
También son juzgados exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.
