El Gobierno nacional de Alberto Fernández presentó hoy ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un informe sobre Derechos Humanos en Argentina en el que cuestiona al Poder Judicial, la oposición política y los medios de comunicación, y denuncia de manera contundente que existe un proceso de "lawfare" y "proscripción" contra Cristina Kirchner.
El organismo internacional analizará, luego, el escrito oficial sobre la situación de los derechos humanos en el país. Allí se cuestionan los ataques sistemáticos hacia la Vicepresidenta y el fenómeno del "lawfare", impulsado por "sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático".
En el comienzo de su discurso en el marco del 42º Período de Sesiones del Examen Periódico Universal, el secretario de Derechos Humanos de la Argentina,
Horacio Pietragalla, puso sobre la mesa los cuestionamientos del Gobierno a la Justicia.
Allí argumentó que CFK
“ha sido condenada en primera instancia por el manejo de obras públicas, sin tener en cuenta que tales obras fueron dispuestas por una ley emanada del Congreso nacional y ejecutadas por funcionarios” y que
“se vulneró su derecho a la defensa, al rechazarse la prueba por ella propuesta”.
El informe que presentó y defendió Pietragalla fue redactado por la Secretaría de Derechos Humanos con el apoyo técnico de la Cancillería y tiene treinta fojas.
“Se la sometió a juicio por hechos que ya habían sido juzgados y se la condenó por la responsabilidad objetiva que tenía por su sola condición de presidenta. Es claro que, bajo la excusa de sanción de hechos delictivos, se siguen violando garantías fundamentales del estado de derecho, porque estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, con la única finalidad de su proscripción política”, explicó el funcionario argentino ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sesiona en Ginebra, Suiza.
Pietragalla, asimismo, criticó que “se garantiza la impunidad a personas vinculadas al poder económico que han permitido o avalado el endeudamiento criminal y la fuga de capitales que han condicionado al país y generado pobreza e indigencia”, en referencia a funcionarios de la administración de Juntos por el Cambio, cuando Mauricio Macri tomó, entre otros, el préstamo de endeudamiento con el FMI que condiciona la economía argentina.
Por otra parte, el funcionario también cuestionó del mismo modo los ataques judiciales a Milagro Sala -a quien visitó en varias oportunidades en Jujuy-. Dijo que
“el Estado Federal debe responder intencionalmente por la detención arbitraria sufrida en la provincia de Jujuy por la dirigente social e indígena Milagro Sala, amparada por una medida provisional dictada en 2017 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
"Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurrían a los golpes de Estado militares, hoy utilizan el derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública", sostuvo Pietragalla, quien entonces afirmó que "el lawfare es una práctica violatoria de derechos humanos".
En la misma línea, enfatizó que "el único fin que impulsan esas prácticas es eliminar al adversario" y que es por eso que "siempre las víctimas resultan ser dirigentes sociales o políticos que se enfrentan a los poderes fácticos, sean políticos, económicos o mediáticos".
"Es claro que bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos delictivos se han violado y se siguen violando garantías fundamentales del Estado de derecho. Porque estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, con la única finalidad de su proscripción política", afirmó el Secretario de Derechos Humanos.
Y agregó:
"Mientras se garantiza la impunidad para personas vinculadas al poder económico, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal y la fuga de capitales que ha condicionado al país y generado pobreza e indigencia en la población".
El último punto que defendió Pietragalla tuvo que ver con el juicio político que el Gobierno impulsa contra la Corte Suprema. “Aunque el gobierno nacional cambió en diciembre de 2019 y terminó, así, la práctica de presión y avasallamiento a la independencia judicial por parte del Poder Ejecutivo, la persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, afectando los principios democráticos que hacen a la independencia e imparcialidad que deben regir el desempeño del Poder Judicial y el Ministerio Público. No es casual que los organismos de derechos humanos de mi país apoyen el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señaló.
Entonces, el funcionario cerró con un pedido de apoyo internacional para los objetivos locales del Gobierno en materia judicial.
“La pérdida de credibilidad del actual máximo tribunal de justicia de la Argentina implica una inadmisible degradación del sistema institucional que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes. Por eso, solicitamos el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos en el impulso de las iniciativas y reformas normativas que procuren fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de justicia y el estado de derecho de nuestro país”, argumentó.
