Presupuesto 2026: el Gobierno incluyó la derogación de la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario

Con modificaciones de última hora, el Gobierno incluyó en el proyecto del Presupuesto 2026, que tuvo dictamen este marte, la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario. En concreto, el artículo 75 de "la ley de leyes" deroga las leyes 27793 y 27795, las de Emergencia discapacidad y Financiamiento Universitario, respectivamente. Ambas normas habían sido promulgadas por Milei antes de las elecciones generales de octubre, cuando el rechazo a los vetos lo dejó sin margen de maniobra. Sin embargo, su aplicación quedó virtualmente suspendida: no se asignaron partidas presupuestarias, bajo el argumento recurrente de que “no hay plata” y de que correspondía al Congreso definir el origen de los fondos.

En paralelo, el Ejecutivo dispuso aumentos discrecionales para el financiamiento universitario y para los prestadores en discapacidad, aunque los montos otorgados quedaron muy por debajo de lo previsto en las propias leyes. "Quienes firmaron el dictamen de Presupuesto del Gobierno validaron la eliminación de leyes de enorme sensibilidad, como la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario", expresó la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau. "Su acompañamiento es una traición al ejercicio democrático expresado en la aprobación y ratificación de esas leyes por el Congreso de la Nación pero, por sobre todo, es una traición a las mayorías sociales que las conquistaron. Así van a ser recordados", agregó la legisladora en su cuenta de X.

LEY DE EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD

El fin de semana, fuentes del Gobierno confirmaron que presentarán la apelación del fallo judicial que ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválido el artículo central del Decreto 681/2025, que había suspendido su implementación. El recurso será elevado ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. La medida apunta a revertir la resolución del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que dispuso la plena vigencia de la ley sancionada por el Congreso. Desde el Poder Ejecutivo sostienen que el fallo avanza sobre facultades propias del Ejecutivo, en particular en lo referido a la administración del gasto público y la elaboración del presupuesto.

La gestión libertaria insiste en que la norma fue aprobada sin establecer las fuentes de financiamiento necesarias para su cumplimiento. Según el Gobierno, esa omisión vuelve inviable su aplicación en los términos ordenados por la Justicia y podría afectar el equilibrio fiscal, uno de los ejes centrales del programa económico oficial. La Ley de Emergencia en Discapacidad declara la emergencia del sector hasta el 31 de diciembre de 2027. Su suspensión generó reclamos de familias, organizaciones y prestadores, que advirtieron sobre el impacto directo en tratamientos, servicios e instituciones. En ese contexto, dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad presentaron un amparo judicial, que derivó en la sentencia ahora apelada.