22.12.2025 / RUPTURA ENCUBIERTA

El Gobierno minimizó el impacto del amparo del PRO y negó un quiebre con Macri

Pese a la judicialización impulsada por el bloque que conduce Cristian Ritondo, en la Casa Rosada aseguran que el vínculo parlamentario con el PRO sigue intacto y ratifican las designaciones en la Auditoría General de la Nación.





El Gobierno buscó bajarle el tono al recurso de amparo presentado por el PRO contra la designación de los nuevos auditores de la AGN al sostener que la ofensiva judicial no altera el funcionamiento del Congreso ni la relación que La Libertad Avanza mantiene con el espacio que lidera Mauricio Macri, al tiempo que defendió el reparto de los cargos y negó cualquier ruptura de acuerdos.

El propio Javier Milei encabezó la estrategia de descompresión al negar "una traición a Mauricio Macri”, en sus últimas declaraciones, en un marco complejo donde intenta mantener el vínculo con los amarillos y sectores dialoguistas para garantizar apoyo en el Congreso durante las sesiones extraordinarias, en las que intenta aprobar el Presupuesto 2026. 

Según trascendió por TN, desde el oficialismo aseguraron que el entendimiento legislativo con el PRO se mantiene vigente y que, más allá de las tensiones públicas, el bloque macrista continuará acompañando las iniciativas centrales del Ejecutivo por una coincidencia de fondo en la orientación política y económica que impulsa el Gobierno.

En ese marco, fuentes parlamentarias confirmaron que en La Libertad Avanza "no observan irregularidades" en la conformación de la Auditoría General de la Nación, donde fueron designados Mónica Almada por el oficialismo, Juan Ignacio por el peronismo y Pamela Calletti en representación de las provincias, una distribución que consideran acorde a la correlación de fuerzas en la Cámara baja.

Además, en el oficialismo remarcan que el PRO no cuenta con la cantidad de legisladores necesaria para reclamar un lugar propio en el organismo de control y atribuyen la presentación judicial a una reacción política exagerada, alimentada, según deslizaron, por disputas internas y la necesidad de marcar posición frente al electorado opositor.

Desde el PRO, en cambio, insisten en que el Gobierno incumplió un acuerdo político previo y denuncian irregularidades graves en el procedimiento, al denunciar “un procedimiento que fue abiertamente inconstitucional” para llevar adelante la elección de autoridades, realizado fuera del temario de extraordinarias y “sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales".