El rechazo del Capítulo XI del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados marcó un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y los gobernadores aliados, que ordenaron votar en contra tras considerar que el Ejecutivo alteró sobre el final lo negociado durante semanas y avanzó sobre leyes sensibles sin aviso previo, lo que erosionó la confianza que parecía establecida con los representantes provinciales.
El apartado incluía la derogación de la Ley de Discapacidad y del Financiamiento Universitario, dos normas con fuerte respaldo territorial, y fue interpretado en las provincias como un intento de concentrar en un solo bloque un ajuste fiscal resistido, con un ahorro estimado cercano al 0,5% del PBI, pero por fuera de los márgenes del acuerdo original.
La modalidad de votación por capítulos profundizó el conflicto, ya que el rechazo dejó afuera también otras disposiciones que sí contaban con consenso, como actualizaciones y compensaciones, lo que llevó a diputados de Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones, Neuquén y Provincias Unidas a sostener una postura coordinada pese a haber acompañado el Presupuesto en general.
El traspié se dio incluso en un contexto de gestos políticos del Gobierno hacia las provincias, como el envío de Aportes del Tesoro Nacional por más de $66.500 millones en diciembre, una señal que no alcanzó para revertir el malestar ni garantizar el respaldo al capítulo cuestionado.
Con el texto ya en el Senado sin ese apartado, el oficialismo busca cerrar la sanción sin reabrir la discusión, mientras los gobernadores advierten que lo ocurrido dejó una marca en la relación y condiciona futuros apoyos, en un escenario donde la negociación política se tornó más rígida.