17.03.2026 / SIGUE EL ESCÁNDALO
Denuncian a Adorni por contratos a la consultora de su esposa y apuntan a violaciones de ética pública
La presentación judicial sostiene que organismos del Estado y empresas con participación estatal contrataron servicios vinculados a la pareja del vocero presidencial. Advierten posibles incompatibilidades por su rol como funcionario y director en YPF.
Una nueva denuncia salpica al vocero presidencial, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en la contratación de la consultora de su esposa por parte de organismos públicos y empresas con participación estatal. La presentación fue ampliada en las últimas horas e incorpora nuevos elementos que podrían configurar un conflicto de intereses.
Según revelaron distintas investigaciones periodísticas, la consultora vinculada a su pareja habría sido contratada por organismos como ARCA y también por YPF, lo que encendió alarmas sobre la posible utilización de vínculos personales para acceder a contratos estatales. En ese marco, la denuncia solicita que se investigue el circuito de adjudicaciones y los criterios bajo los cuales se realizaron.
El punto más delicado radica en la doble condición de Adorni. Además de ser vocero presidencial, se desempeña como director de YPF en representación del Estado, lo que lo ubica dentro del universo de funcionarios políticamente expuestos. Esta condición implica estándares más estrictos en materia de transparencia, ética pública y prevención de conflictos de interés.
En ese sentido, especialistas advierten que la eventual contratación de una empresa vinculada a su entorno familiar podría violar no solo la Ley de Ética Pública, sino también las normas internas de compliance de YPF, que establecen restricciones explícitas para evitar beneficios indirectos a familiares de sus autoridades.
La ampliación de la denuncia pide avanzar sobre los contratos firmados, los montos involucrados y la posible existencia de trato preferencial. También busca determinar si hubo intervención directa o indirecta del funcionario en los procesos de contratación.
El caso se inscribe en un contexto de creciente escrutinio sobre los vínculos entre funcionarios del gobierno y el sector privado, en especial cuando se trata de empresas con participación estatal, donde rigen estándares más exigentes de control.
Por el momento, desde el entorno de Adorni no hubo una respuesta detallada a las acusaciones, mientras la investigación comienza a escalar en el plano judicial y político.
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