La empresa Jan de Nul presentó una impugnación contra su competidora DEME y la acusó de incurrir en prácticas “anticompetitivas” dentro del proceso. Entre los cuestionamientos, señaló presuntas irregularidades en la oferta económica y técnica, además de advertir sobre supuestos vínculos de colusión con otros actores del sector del dragado marítimo. La presentación generó fuerte revuelo en el mercado y encendió alertas sobre la transparencia del concurso.
Según la firma denunciante, su rival habría participado en esquemas de fijación de precios, intercambio de información sensible y abuso de posición dominante en distintas licitaciones internacionales. También advirtió sobre la utilización de ofertas ficticias para simular competencia y así influir en el resultado de las adjudicaciones. Estas acusaciones, sostuvieron, no solo afectan a los competidores sino que también podrían impactar en los costos que finalmente asume el Estado.
En los pasillos oficiales, la disputa empresarial se mezcla con especulaciones políticas. Mientras algunos sectores del Gobierno ven con buenos ojos la continuidad del operador actual por su experiencia acumulada en la vía navegable, otros funcionarios observan con interés la propuesta de DEME. La definición quedó en manos de las autoridades del área de Puertos y Vías Navegables, que buscan cerrar el proceso antes de mayo.
La Hidrovía, considerada una arteria estratégica para la exportación de la producción argentina, volvió así al centro del escenario económico y político. La escalada de denuncias entre compañías extranjeras dejó al descubierto la magnitud de los intereses en juego y anticipa una resolución cargada de tensiones, en un contexto donde el Gobierno necesita mostrar señales de transparencia y previsibilidad.