El fiscal de reconocida cercanía con Macri que sigue en su cargo a pesar de estar procesado por espionaje ilegal y extorsiones pidió que se investigue la acusación contra el jefe de Gobierno porteño y su ministro de Salud por firmar convenios con obras sociales y prepagas para entregarles dosis exclusivas para sus afiliados. La última palabra la tiene el juez Lijo, también macrista.
El empresario fue condenado por el TOF 4 a 12 años de prisión por lavado de dinero por USD 55 millones entre 2003 y 2015. La decisión podría inscribirse dentro del lawfare contra Cristina, ya que buscan usar como delito precedente a la obra pública en Santa Cruz, que se investiga en otro juicio en el que hasta los testigos de la fiscalía y pericias niegan ilícitos.
El juez federal de Dolores pidió unificar las causas de espionaje que hoy transitan en Dolores, Lomas de Zamora, Comodoro Py y Mar del Plata ya que "en todos los casos nos encontramos ante maniobras de espionaje político desarrolladas en un mismo período de tiempo, con idénticos y similares actores, víctimas y modus operandi".
El fiscal federal, uno de los señalados como integrante del lawfare contra el peronismo, imputó al ex ministro de Salud y a su sobrino y ex jefe de Gabinete de la cartera por las múltiples denuncias presentadas en Comodoro Py, que se concentran en el juzgado de Capuchetti. Además, solicitó allanar el edificio de la depedencia sanitaria y el Hospital Posadas.
La primera de las denuncias cayó en el Juzgado Criminal y Correcional Federal número 5, a cargo de Capuchetti y el fiscal interviniente es Eduardo Taiano. Las otras denuncias recayeron en el Juzgado Federal Número 6 que estaba a cargo de Canicoba y cuya subrogante es la jueza cercana a Daniel Angelici.
En esta causa, el artífice de una red de espionaje ilegal y extorsión, fue procesado con prisión preventiva por "infringir temor suficiente sobre Gabriel Traficante" para pedirle un pago ilegal de 90.000 dólares a cambio de influir para beneficiarlo en una causa judicial y que esta no salga en el diario Clarín.
Documentación de Cancillería prueba que en 2014 Corea del Sur quería invitar a un funcionario iraní que tenía una alerta roja de Interpol por la causa AMIA. Ese país consultó a la Argentina y la respuesta fue que si ocurría, se pediría la extradición y detención. Al fiscal fallecido se le informó eso, pero igual denunció en 2015 que el memorándum de 2013 era para levantar las alarmas.
Diego Molea manifestó que desde su asunción en el cargo buscarán avanzar con "nombramientos transparentes" de magistrados. Habló de los traslados durante el macrismo y adelantó que "si es como trasciende en los medios, se le pedirán explicaciones al juez Hornos”.
El diputado nacional del FDT Rodolfo Tailhade solicitó que declaren el ex presidente y su hermano, además del ex ministro de Energía Juan José Aranguren. En el caso de Gianfranco Macri, además se apuntó a la detención con fines de extradición, si fuera necesario, debido a que vive en Uruguay. Los detalles de la causa.
Diego Molea será el encargado de presidir el Consejo mientras que el juez Alberto Lugones será el vicepresidente. "Vamos a velar por la independencia del Poder Judicial, pero entendiendo que ha habido casos que no han estado a la altura de las circunstancias", expresó el nuevo presidente.