Diputados del FpV-PJ pidieron ser querellantes y apelar la desestimación de la denuncia contra Macri por los Lebac

Después de la desestimación del juez federal Daniel Rafecas a la denuncia contra el presidente Mauricio Macri; el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay; y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, por la emisión de Lebac, diputados del Fpv-PJ solicitaron ser querellantes y, si la justicia los acepta, apelar la resolución. 

"Señalaremos que la resolución resulta, en primer lugar, prematura, apresurada, en tanto correspondía el inicio formal de la instrucción a partir del criterio expuesto por la representante del Ministerio Público Fiscal en su requerimiento de instrucción, que señaló la necesidad de investigar los hechos de manera inmediata a los fines de esclarecerse si los sucesos denunciados -ocasionaron o siguen causando- perjuicios a la economía nacional y/o el erario público", argumentaron los diputados. 

Además, agregaron que "era pertinente la producción de las medidas de prueba solicitadas por la Fiscalía", no sólo por la posibilidad de daño a las arcas públicas, sino también por "un detalle, no menor, sobre el que hace foco la imputación: la posibilidad de encontrar una matriz de corrupción en la compra de LEBAC por parte de inversores privados, para lo cual requiere el listado de compradores y bancos intervinientes".

Los legisladores habían sido quienes presentaron la denuncia en noviembre, en la que acusaban al Gobierno por la aplicación de una política monetaria que -entre diciembre de 2015 y octubre de 2016- habría generado "daños a las arcas públicas". Sin embargo, por tratarse de un supuesto delito de acción pública, la investigación pasa a manos de la justicia sin participación del denunciante como querella. 

Es por eso que los diputados del FpV-PJ Héctor Recalde, María Teresa García, Carlos Moreno, Diana Conti, Carlos Castagneto, Adrián Grana y Rodolfo Tailhade pidieron a Rafecas constituirse como "pretensos querellantes" y apelaron la decisión del juez de no investigar a Macri, Prat-Gay y Sturzenegger. 

El magistrado deberá decidir si acepta o no a los legisladores como querellantes a partir de definir si son "particulares ofendidos" o no por el hipotético "daño" de las Lebac "a las arcas públicas". En su presentación judicial, los integrantes del bloque FpV-PJ argumentaron que lo son por dos condiciones: por un lado, por ser representantes del pueblo, a quien la acción de los denunciados habría perjudicado; y por otro, por ser afectados directamente en su condición de ciudadanos.

"Los suscriptos somos representantes del pueblo de la Nación argentina, es decir el titular de los intereses que debían custodiar los imputados, pero a la vez somos ciudadanos y en esa calidad somos también, a título individual, titulares de los derechos e intereses que fueron gestionados de manera perjudicial. Allí radica el sustento de nuestra condición de particulares ofendidos por las maniobras denunciadas en esta causa; porque somos padres, hijos, abuelos, de argentinos que están sufriendo de manera directa las consecuencias económicas y sociales de las medidas abusivas de quienes han sido honrados para administrar los destinos de nuestro país", afirmaron en el texto.

Si la justicia acepta como querellantes a los diputados, se podría producir la apelación de la desestimación -hoy vence el plazo para hacerlo y también podría proceder la fiscal Paloma Ochoa- y se debería sortear a qué sala del Tribunal de Apelaciones se destina la resolución. 

Sin embargo, allí surge una hipotética situación comprometida no sólo para Cambiemos, que se encontraría nuevamente con la posibilidad de que Macri y funcionarios de primera línea sean imputados, sino también para la propia justicia.

¿Por qué? Es que de avanzar la apelación, son dos las posibles salas del tribunal que podrían decidir: por un lado, la sala I, a cargo de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler;  y por otro, la sala II, en manos de Martín Irurzun y Eduardo Farah. Esta última fue la cámara que confirmó el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner decidida por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa por la venta de dólar futuro, a pesar de ser ésta una política económica de gobierno, como argumentó Rafecas para rechazar investigar a Macri por las Lebac.

Si la apelación al rechazo de la denuncia al macrismo por estas letras cae allí, Irurzun y Farah deberán decidir si el Presidente y sus funcionarios deben ser investigados o si ratifican la desestimación, cosa que será difícil de justificar, ya que en el caso del dólar futuro definieron sostener las imputaciones a pesar de tratarse de una decisión económico monetaria, como la emisión de Letras del Banco Central.

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