Dos jueces federales le pidieron al gobierno nacional que presente un informe sobre el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri por el cual le permitió a familiares de funcionarios ingresar al blanqueo de capitales cuando una ley del Congreso de la Nación lo prohibía expresamente.
Dichos expedientes fueron iniciados por la asociación civil "Abogados por la Justicia Social" y el diputado nacional del Frente Renovador Felipe Solá. Según informó el portal Infobae, los magistrados federales que pidieron los informes son Rita Ailán y Esteban Furnari.
"Abogados por la Justicia Social" y el diputado Solá objetaron en sus causas el decreto porque era contrario a lo que el Congreso había aprobado en mayo en la ley 27.260, en la que excluía expresamente a "los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados" de quienes entre el 1 de enero de 2010 a la actualidad hayan sido "Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal" o personal de organismos de inteligencia.