Mientras el Gobierno y y el sector del aparato judicial que le brinda servicios políticos intentan destituirlo para frenar su investigación en la causa por la banda de espionaje ilegal, extorsiones y operaciones políticas que integran espías, jueces, fiscales, periodistas y hasta importantes dirigentes de Cambiemos,
el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla se defendió hoy ante el Consejo de la Magistratura por la denuncia que impulsó en su contra el Ejecutivo mediante un fuerte contraataque en el que aseguró que nada más y nada menos que Mauricio Macri siempre estuvo al tanto de la "operación escuchas" informado por la AFI y por esa razón exigió que, entre otros, el Presidente sea llamado a declarar ante el organismo.
Ramos Padilla se defendió ante la Magistratura por la denuncia que impulsó en su contra el Gobierno en boca del propio Macri. A través de tres escritos firmados por Juan Ramos Padilla, su abogado y padre, desestimó de forma contundente la llamada "Operación Puf" -escuchas ilegales usadas para sostener una teoría acerca de que el escándalo de la red de espionaje ilegal y extorsiones sería una herramienta para voltear la causa de los Cuadernos- y
pidió citar a que declaren en principio como testigos a Macri, la diputada Elisa Carrió, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, entre otros. Sostuvo también que se trató de 'blanquear' escuchas a detenidos y que desde el Ejecutivo se estuvo al tanto del contenido de esas grabaciones.
"No puedo soslayar que la denuncia fue promovida por el propio presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, que ha puesto el aparato administrativo estatal - incluso a los servicios de inteligencia- para montar este irregular proceso en connivencia con sus aliados políticos y judiciales, por lo que no me queda otra alternativa que solicitar su testimonio y la de aquellos funcionarios que siguiendo sus instrucciones la promovieron ante este Consejo", afirmó Ramos Padilla en el texto.
En esa linea, precisó que el "denunciante" fue el "Poder Ejecutivo Nacional" y por ello
"en primer término deberían declarar los denunciantes Ing. Mauricio Macri y los Dres. Germán Garavano y Juan Bautista Mahiques".
"Como juez debo avanzar en la investigación de las causas que son sometidas a mi decisión, y ello, por más que incomode a funcionarios, magistrados y/o legisladores vinculados al Poder Ejecutivo –sostuvo el juez de Dolores–.
Se me quiere apartar a través de este procedimiento irregular ante este Consejo de la Magistratura y se recurre para ello a elucubraciones absurdas que se construyen a partir de la utilización indebida de escuchas que la Corte Suprema de Justicia Nación ha señalado que 'no sólo deben ser prevenidas y castigadas por la ley y la jurisprudencia subsecuente, sino que deben merecer el máximo repudio social, pues constituyen un atentando a la confianza pública", sentenció respecto de la "Operación PUF".
El juez de Dolores explicó que "varias dependencias del Poder Ejecutivo Nacional" participaron formalmente de la operación para destituirlo ilegítimaente. "Por vía administrativa intervino el Ministerio de Justicia, a través del Dr. Germán Garavano y el representante del Poder Ejecutivo ante este Consejo -el recusado Juan Bautista Mahíques- que iniciaron este expediente, al que luego se le agregaron “escuchas filtradas” por la Agencia Federal de Inteligencia que dirige Gustavo Arribas -amigo personal del presidente-, con la participación de magistrados y legisladores investigados en la causa de Dolores".
"No caben dudas de que el presidente Mauricio Macri siempre estuvo informado por la propia AFI de esta ´operación escuchas`, no sólo en virtud de quienes estaban involucrados sino porque incluso el tema fue tratado en reuniones de gabinete", aseguró el abogado del magistrado federal, y agregó que mediante esas escuchas ilegales "y su distribución no solo se han fabricado las causas que se le endilgan a mi defendido, sino que han sido utilizadas o habrán de utilizarse para realizar operaciones judiciales y electorales impropias del Poder Judicial y que ese Consejo de la Magistratura debería erradicar inmediatamente".
El 18 de marzo, el Gobierno formalizó una denuncia por mal desempeño contra Ramos Padilla en el Consejo de la Magistratura. Fue después de que el juez fuese a la comisión de Libertad de Expresión de Diputados, invitado por la oposición, y contara detalles de la causa. En televisión, el presidente Macri afirmó que Ramos Padilla ya se había "mandado varias" y añadió:
"No es un juez que actúe con ecuanimidad, se prestó a un show mediático, espero que con las pruebas que hay el Consejo de la Magistratura evalúe destituirlo".
La Comisión de Disciplina y Acusación analizó el caso e invitó al magistrado a hacer su descargo. Fue en ese marco en el que hoy Ramos Padilla respondió sobre la vaguedad de la imputación en su contra. "Lo actuado en aquella audiencia se relacionó precisamente con el deber que tenemos los funcionarios de actuar con transparencia y dar cuenta de los actos de gobierno –dijo el juez en su descargo-. Aunque se amenace con una sanción, los funcionarios no nos podemos negar a dar explicaciones frente a los representantes de los poderes constitucionales, pues en la actividad de todos los funcionarios y magistrados está la posibilidad de ser sometido a aquel escrutinio".
La defensa del juez avanzó también con otros dos escritos, se reclamó que desfilen como testigos ante el Consejo desde el presidente Macri, el ministro Garavano y el jefe de AFI Arribas y su segunda, Silvia Majdalani, hasta la diputada Carrió, Bonadio, el fiscal rebelde Stornelli, el juez de Lomas de Zamora Federico Villena o el director de la oficina de escuchas que depende de la Corte Juan Rodríguez Ponte. También que se convoque a los detenidos Roberto Baratta o Juan Pablo Schiavi, y al propio fiscal de la causa D'Alessio, Juan Pablo Curi, entre periodistas y políticos.
"El trámite de un proceso de remoción, que debería ser un procedimiento ejemplar, transparente e inobjetable se ha transformado en una disputa política encabezada por el presidente Mauricio Macri, la AFI, el Ministro de Justicia, el representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo de la Magistratura, sus aliados políticos y judiciales contra mi defendido, el Sr. Juez Federal de Dolores, que en soledad y con escasos recursos lleva adelante una investigación que los incomoda", disparó Ramos Padilla padre.
En ese sentido, argumentó que
"resulta paradójico que en el juzgado de Dolores se investigue el modo en que los servicios de inteligencia introducen prueba ilegal en el circuito judicial y para lograr que el juez que interviene en la causa sea removido o sancionado, los involucrados en aquel proceso introducen prueba de manera ilegal en un expediente judicial que dirige otro de los investigados, con la que ahora se quiere avanzar en este Consejo de la Magistratura".
Ante el Consejo,
el abogado del juez de Dolores también comparó "la operación Puf" con la causa de las pinchaduras telefónicas truchas que tuvo procesado a Macri, entonces jefe de Gobierno porteño, incluso cuando fue electo Presidente. "La operación sería igual o más grave que la que se llevó a cabo con funcionarios del entonces gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y hace responsable especialmente a los jueces que disponen, almacenan y/o pretenden utilizar las escuchas de personas detenidas, -en algunos casos a su disposición- e investigan y avanzan en procesos a partir de una injerencia arbitraria del estado, en el caso de gran magnitud", opinó.
Según sostuvo,
"el espionaje judicial podría ser sólo una parte de una maniobra política y judicial ilegal más ambiciosa, y atendiendo al modo en que se fueron sucediendo los hechos, premeditada". Hizo hincapié así en que las escuchas fueron solicitadas en el marco de la causa de los cuadernos en donde está imputada la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner, con lo cual lo que
"se buscaba era blanquear escuchas para agregar de algún modo a la causa" contra la hoy precandidata a vicepresidenta.
"Todo el modo en que se recolectó reclamó, distribuyó, filtró, transcribió y finalmente entregaron a este Consejo la escuchas hablan de una operación direccionada en la que la responsabilidad de algunos funcionarios y magistrados aparece como evidente", afirmó.
