Mientras el ministro de Economía,
Martín Guzmán, trabaja a contrarreloj en Estados Unidos para avanzar en acuerdos con los acreedores privados y el FMI,
el Frente de Todos consiguió sin necesidad de transpirar demasiado la camiseta el dictamen favorable para el proyecto de reestructuración de la deuda pública externa que dejó Mauricio Macri, que será votado mañana en la Cámara de Diputados y se aprobaría sin modificaciones con apoyo condiciones mediante de los gobernadores de la UCR.
En el plenario de comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda hubo diez legisladores que hicieron uso de la palabra, solamente una corrección en la norma aceptada por el oficialismo y un dictamen del FdT que no lleva el sello de Juntos por el Cambio, que se daría tiempo para presentar un dictamen de minoría propio. Luego del debate en el plenario se pasó a la firma del texto enviado por el Poder Ejecutivo.
Antes de la firma del dictamen, tuvieron lugar las exposiciones a cargo del subprocurador del Tesoro Nacional,
Sebastián Soler, y de
Cristian Dellepiane, asesor legal del Ministerio de Economía, quienes defendieron la iniciativa y respondieron preguntas durante el plenario que condujo el presidente de la comisión de Presupuesto,
Carlos Heller.
La negativa a acompañar el dictamen de JxC, según señalaron fuentes del Parlamento, no significa que mañana en el recinto de la Cámara baja algunos sectores de lo que fue el macrismo unido no adhieran y voten a favor:
la oposición negocia ayuda para algunas provincias endeudadas y promete en voz baja acompañamiento en un tema que consideran debe mostrar a los políticos unidos frente a los acreedores.
Tal como consignó Infobae,
antes de la reunión de comisiones en el edificio Anexo se realizó una cumbre entre los gobernadores de Juntos por el Cambio y las autoridades de su bloque, con el fin de consensuar una postura. Participaron el jefe de gobierno porteño
Horacio Rodríguez Larreta y los mandatarios
Rodolfo Suárez (Mendoza);
Gustavo Valdés (Corrientes);
Gerardo Morales (Jujuy); los diputados
Alfredo Cornejo (titular de la UCR),
Mario Negri, Maximiliano Ferraro y Álvaro Gonzalez. Radicalismo, Coalición Cívica y PRO, presentes.
De allí, la oficina del legislador correligionario cordobés,
todos se pasaron a la Presidencia del cuerpo, donde se reunieron con Sergio Massa. Avanzada la charla se sumó Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos.
En ese espacio, los opositores, con los goberandores radicales a la cabeza, pidieron ayuda para la deuda de las provincias con distintos organismos del Estado nacional, ayuda con las tasas e incorporar en la ley las deudas provinciales.
Política Argentina contó los graves problemas que tiene, por ejemplo, Morales en Jujuy. Massa y Kirchner, ante esta situación, coincidieron en que no era posible incluir en el texto del proyecto que se votará mañana esas demandas. No sería aceptadas por el ministro Guzmán.
Las versiones indican que los dirigentes peronistas prometieron hacer gestiones para ayudar a los gobernadores. Habrían garantizado una negociación con el Ejecutivo y, además, el compromiso de avanzar en una norma aparte que autorice la refinanciación de las deudas de las provincias emitidas en dólares.
El dictamen a favor del proyecto de ley de Restauración de la Sustentabilidad de la Deuda Pública Externa tuvo 43 firmas, 27 de Presupuesto y 16 de Finanzas. Acompañaron diputados cercanos que no integran el Frente de Todos, como Eduardo "Bali" Bucca y José Luis Ramón del Bloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo.
Tras dos horas y 50 minutos de consultas y debate hubo un virtual consenso aunque no haya quedado estampado con firmas. Oficialismo y oposición siguen en conversaciones. El ala menos dura de Juntos por el Cambio estaría dispuesta a acompañar la iniciativa en la cámara de Diputados para permitirle al Gobierno que tenga más de 200 votos a favor y respaldo frente a los acreedores. La idea, tal como lo expresaron algunos radicales y Elisa Carrió, es “acompañar” y dar “legitimidad” a las futuras negociaciones. A cambio piden ayuda para las provincias y reclaman contra algunos gestos que entienden son “discrecionales”.
