El diputado nacional Máximo Kirchner presentó en la Cámara de Diputados un proyecto reafirmando que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF realizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, “fue la recuperación de la soberanía hidrocarburífera de nuestra República Argentina”.
El Estado argentino
logró un triunfo judicial significativo tras años de resistencia legal. La Cámara de Apelaciones estadounidense confirmó que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF fue un acto soberano conforme a derecho, realizado dentro del marco constitucional argentino. El fallo representa una validación internacional de la capacidad del Estado para decidir sobre sus recursos naturales sin tutelaje de tribunales extranjeros. La sentencia revoca lo decidido en primera instancia y le da razón a los argumentos presentados por la República Argentina en todo el proceso.
Kirchner afirmó en su presentación que "no es simplemente un éxito procesal; es la validación internacional de la soberanía jurídica de la República Argentina". El diputado puso énfasis en que la decisión tomada en 2012 fue "un acto de supervivencia energética" y no "un capricho ideológico". Para 2011, bajo la gestión de Repsol, Argentina había entrado en crisis de reservas petroleras y perdido el autoabastecimiento energético.
La expropiación del 51% de las acciones fue la respuesta estatal a esa emergencia. Kirchner también señaló que el fallo "reconoce que los actos soberanos de un Estado, realizados mediante leyes del Congreso Nacional de acuerdo a la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico argentino, no pueden ser considerados por tribunales extranjeros por debajo de los estatutos de sociedades comerciales ni de los contratos comerciales privados". Esta sentencia sienta un precedente de enorme relevancia para futuros conflictos entre Estados y corporaciones trasnacionales.
El proyecto de Kirchner aprovecha el fallo para cuestionar decisiones del gobierno anterior. En 2016, bajo la administración Mauricio Macri, Argentina pagó 9.300 millones de dólares a fondos buitres en un acuerdo que el diputado califica como "apresurado". Kirchner subraya la ironía: "Mientras que en 2026 celebramos un fallo favorable por resistir y agotar las instancias judicales, en 2016 la administración de Mauricio Macri optó por un acuerdo apresurado". El diputado sostiene que la decisión de Macri estuvo "motivada por el negocio del acceso al mercado financiero" y que se "priorizó la toma de deuda masiva por sobre la defensa de la inmunidad soberana".
Kirchner plantea un contrafáctico: "Si en 2016 se hubiera mantenido la resistencia jurídica y política que se sostuvo en el caso YPF, la Argentina podría haber evitado el ciclo de endeudamiento posterior". Para Kirchner, la diferencia radica en la filosofía política. "Pagar en 2016 fue una decisión ideológica y de mercado; resistir en el caso YPF fue una decisión de Estado".
El fallo de Nueva York implica un reconocimiento internacional de que un Estado posee el derecho inherente a decidir sobre sus recursos naturales. El proyecto de Kirchner reivindicó explícitamente "el derecho de la República Argentina a decidir sobre sus recursos naturales y su marco normativo interno sin tutelajes coloniales de tribunales extranjeros". La sentencia marca un límite a la capacidad de fondos especulativos y corporaciones extranjeras de usar la justicia estadounidense para presionar a gobiernos soberanos. Argentina resistió años de litigio sin ceder a presiones financieras, lo que resultó en un ahorro multimillonario para las arcas del Estado.