El abogado del financista Elaskar solicitó correr a la titular de la Oficina Anticorrupción de un juicio contra su defendido en la que es querellante. Mirá lo que había dicho la militante del PRO.
El gobierno nacional había extendido el contrato sin llamado a una nueva licitación de las concesiones vencidas de varias empresas que tenían la potestad sobre peajes y obras, entre ellas Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente. El hecho devino en una denuncia penal contra el ministro de Transporte y el ex titular de Vialidad.
La titular de la Oficina Anticorrupción (OA) se niega a dar información sobre acciones contra funcionarios del Gobierno a la Auditoria General de la Nación. La funcionaria macrista tiene que entregar en un plazo de 15 días toda la data desde hace un año tal como lo exige el máximo organismo de control del Estado que asiste al Congreso.
El juez federal dio por finalizada la etapa de investigación que surgió a raíz de la fotocopias de los "Gloria" que tenía en su poder Centeno. El magistrado no pudo probar que la ex mandataria haya cobrado coimas, pero igual la acusó de ser la jefa de una asociación ilícita.
El fiscal Guillermo Marijuan abrió una investigación por los dichos del empresario, al asegurar que fue extorsionado por el Presidente de la Nación. El caso quedo a cargo de la jueza María Romilda Servini.
El propio fiscal dictaminó la inocencia de Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa en la que se investigaban supuestas maniobras ilegales en la venta del Gupo Indalo. Si bien tienen otra investigación abierta por evasión de impuestos, los abogados quedaron condiciones de solicitar las excarcelaciones.
La Justicia imputó al ministro de Transporte y al ex titular de Vialidad Nacional por presunta habilitación a empresas a seguir cobrando peajes y obras públicas. Una de las empresas favorecidas corresponde a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. La denuncia fue ratificada por el Sindicato de Peajes, Mirá cuánto sería sería el monto de la corrupción.
La Cámara Nacional Electoral ratificó la pena contra el ex candidato del PRO en Santa Fe por no poder acreditar debidamente fondos de la campaña de 2012. Mirá cuál es la sanción.
En San Isidro investigan el robo a Andrés Albor, el letrado del padre de Alejo Ramos Padilla, el juez que trabaja en la causa de la banda de espionaje ilegal y extorsiones que involucra al fiscal Stornelli y D´Alessio. En el hecho le sustrajeron un morral en que tenía material para su defensa en el caso conocido como "operativo PUF", que usa el oficialismo para atacar el expediente mencionado.
El tribunal federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolvió reabrir la causa por abandono de persona. Los jueces argumentaron que "se investigó una única hipótesis delictiva –aquí definitivamente descartada- sin que haya sido objeto de valoración y pronunciamiento algún posible nexo causal entre cualquier omisión de personal de Gendarmería". Mirá cuál es la postura de la familia.