29.11.2020 / Debates

Semana de confrontación en el Congreso: deuda, Seguridad a la CABA, coparticipación, aborto y movilidad jubilatoria

Tanto Diputados como Senado sesionarán este lunes, en el último día del período ordinario. En el caso de la Cámara alta, se tratará el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública; mientras que en tanto la Cámara baja se discutirá la transferencia de las funciones de seguridad a la Ciudad. Además, en la premilinar de comisiones, arranca el debate del proyecto IVE y de movilidad jubilatoria.




Para sorpresa o derribe de los muros de la hipocresía de los detractores de las sesiones parcialmente virtuales por la pandemia, cuando culmine este 2020 el trabajo acumulado en el Congreso será de los abultados al menos en cantidad de los últimos años. En particular, esta semana y el final del período ordinario irá en ese tono y tanto Diputados como el Senado iniciarán o retomarán la discusión de varias iniciativas trascendentes y de elevada confrontación entre el oficialismo y la oposición

El lunes, último día del período ordinario, habrá doble sesión en el Congreso. La Cámara baja arrancará a las 13.30 con el tratamiento del proyecto que reduce la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Desde las 14, por su parte, el Senado retomará el cuarto intermedio del jueves pasado, después de los homenajes por la muerte de Diego Armando Maradona, para convertir en ley el fortalecimiento de la sotenibilidad de la deuda pública

Por otra parte, en Diputados el pedido de sesión especial fue presentado a la presidencia de la Cámara baja por el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, junto a Cecilia Moreau, José Luis Gioja, Cristina Álvarez Rodríguez y otros siete diputados, con un temario de cuatro proyectos.

Hay una de las iniciativas propuestas que se destaca por sobre el resto: la que aprobó el Senado el 2 de octubre último y que completa el proceso de transferencia de las funciones de seguridad desde la Nación a la Ciudad iniciado en 2016, después de la discusión acerca de ese tema que se reavivó cuando el presidente Alberto Fernández quitó recursos excedentes que Mauricio Macri había dado a Horacio Rodríguez Larreta para transferirlos a la Provincia de Buenos Aires debido al conflicto con la Policía bonaerense.

La iniciativa baja los recursos que recibe el distrito en concepto de coparticipación luego de la reducción de un punto que había dispuesto el Presidente para asistir la protesta policial en septiembre pasado.

El proyecto fija para este año un monto de $24.500 millones para que la Ciudad asuma las funciones de seguridad traspasadas en 2016, con lo que la coparticipación del distrito volvería a ser de 1,4% -como antes de la gestión del ex presidente Macri-.

En el temario de la sesión también hay otras tres iniciativas. Una de ellas establece el acceso y navegación gratuita por servicios de internet a través de dispositivos móviles, a las plataformas educativas estatales con fines pedagógicos del sistema educativo nacional, en todos sus niveles y modalidades. Otro proyecto es el de desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina. El restante es el que habilita la promoción del uso de cisternas de doble descarga en instalaciones sanitarias públicas y privadas.

Según fuentes parlamentarias, antes de la sesión se realizará una reunión de Labor Parlamentaria -a las 12- para decidir la dinámica de la misma, y en la que seguramente se propondrá llevar adelante un homenaje a Maradona.

En tanto, en el Senado tiene previsto darle media sanción al proyecto de ley de "fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda", enviado por el Ejecutivo, que debía debatirse el jueves pasado pero fue pospuesto por el fallecimiento del Diez.

La iniciativa busca que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional deban contar con aval parlamentario, es decir lo que no hizo Macri para endeudar a la Argentina con acreedores privados bajo ley extranjera así como con organismos internacionales como el FMI.

El texto establece en su artículo primero que "la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio".

Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho "porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente".

En su segundo artículo dispone que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley" del Congreso "que lo apruebe expresamente".

Durante el tratamiento en el Senado, el Frente de Todos incluyó un nuevo artículo que apunta a que el endeudamiento en moneda extranjera no pueda usarse para gastos corrientes.


PRIMER PASO PARA EL ABORTO

El martes Diputados comenzará una semana de reuniones informativas con la exposición de unos 50 referentes -25 a favor y 25 en contra- del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, tras lo cual buscará emitir dictamen de la iniciativa el viernes 4 de diciembre.

La intención de los diputados del Frente de Todos, según informaron fuentes parlamentarias, es aprobar en la segunda semana de diciembre el proyecto que legaliza el aborto hasta la semana 14 en la Cámara baja.

La idea es luego enviarlo luego al Senado para tener sancionada la ley antes de fin de año, ya en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso.

Las fuentes anticiparon que el Poder Ejecutivo realizaría la convocatoria a extraordinarias en los próximos días, donde podría incluir además otras iniciativas claves para el gobierno nacional como la reforma al Ministerio Público.

Junto con el proyecto de legalización el aborto se debatirá, en una sesión especial virtual, que se realizaría entre el 8 y el 10 de diciembre, el Plan de los 1000 días de ayuda a las mujeres embarazadas que abarcará hasta los primeros años de la infancia, que también tendrá dictamen en la próxima semana.

El martes a la mañana participarán de la reunión informativa los ministros de Salud, Gines González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

El proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que envió el Presidente al Congreso establece que "las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar" tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional. Además, habilita la "objeción de conciencia" por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional.

En la propuesta del Poder Ejecutivo se aclara que, fuera de ese plazo de 14 semanas, la persona gestante mantendrá "el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo" si "fuere resultado de una violación", cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona.

El aborto legal tendría ventajas en la Cámara baja y por el momento, un resultado muy ajustado en el Senado, aunque falta ver cómo se comportarán los indecisos que aún no han definido o manifestado públicamente su voto.

En Diputados, hay 121 diputados a favor, 106 legisladores en contra y 27 indefinidos. Además, de la diputada schiarettista, Alejandra Vigo, que se abstuvo en la elección de 2018 y aún no se sabe si mantendrá su postura.


JUBILADOS: ¿AJUSTE O CORRECCIÓN DEL AJUSTE MACRISTA?

Esta semana comenzará a ser debatido en comisiones el proyecto de ley que modifica el índice de movilidad jubilatoria. Llegaría al recinto virtual de la Cámara alta en la segunda semana de diciembre, para lograr su sanción antes de fin de año, estimaron hoy fuentes parlamentarias.

El Ejecutivo envió anoche el proyecto que modifica el índice de movilidad jubilatoria, elaborado en base al trabajo de una comisión mixta, y que comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.

La iniciativa, cuyo contenido fue anticipado hace 20 días por el Gobierno, contempla un aumento semestral mediante una fórmula que combina los índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%), vigente en el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).

En marzo de 2021 debía otorgarse el próximo aumento trimestral. Pero el proyecto de ley establece que “la primera actualización sobre la base de la movilidad dispuesta en el artículo 1° de la presente se hará efectiva a partir del 1° de marzo de 2021”.

Como hay una superposición de períodos, el proyecto de ley establece que el aumento trimestral ya otorgado en el mes de diciembre 2020, sea considerado dentro del cálculo semestral que se realizará para el mes de marzo 2021.

Puntualmente, el artículo 6 sostiene que “el coeficiente por movilidad previsto en el artículo 1° de la presente ley que se determine para el mes de marzo de 2021, estará dado por el resultante diferencial entre el porcentual que arroje la aplicación de la fórmula que se aprueba para el incremento y el correspondiente a diciembre de 2020 que dispuso el Poder Ejecutivo Nacional, de conformidad con el artículo 55 de la Ley N°27.541”.

Fuentes oficiales, remarcaron que “a diferencia de lo ocurrido en la falta de empalme entre diciembre 2017 y marzo 2018, en esta oportunidad, el Gobierno nacional decidió realizar en el mes de diciembre un adelanto del aumento que debiera hacerse recién en el mes de marzo 2021”.