El Frente de Todos encontró una forma de beneficiar los bolsillos de los argentinos a través del Impuesto a las Ganancias que, como correlato, no genere un perjuicio fiscal para las arcas del Estado justo cuando el Gobierno navega entre exigencias respecto del rojo fiscal para acordar con el FMI y la necesidad de sostener la economía en plena recuperación por las consecuencias del coronavirus y la pesada herencia de macrismo.
Con el proyecto del presidente de la Cámara de Diputados,
Sergio Massa, para elevar el mínimo no imponible a $150.000 para trabajadores y al equivalente a 8 haberes mínimos para jubilados,
1,3 millones de los 2,3 de argentinos que pagaban Ganancias hasta finales de 2020 dejarán de hacerlo y el consecuente esfuerzo fiscal para el Estado sería de $40.000 millones.
De aprobarse la iniciativa del líder del Frente Renovador -cosa que parece descontada-, tributarán solo quienes perciben salarios brutos mayores a $150.000 mensuales y las jubilaciones que superen los ocho haberes mínimos garantizados (lo que asciende actualmente a $152.280).
Respecto de lo político de la decisión, cabe aclararse que no fue improvisada. Fuentes del Frente de Todos aseguran que las modificaciones en Ganancias comenzaron a discutirse allá por el final de 2020 y tienen en cuenta, por su participación en los debates, dos componentes centrales de los que habla seguido el ministro de Economía,
Martín Guzmán: la sostenibilidad fiscal, lo que significa que no se contraponga con la apuesta por reducir el déficit que necesitan las cuentas argentinas y la discusión con el Fondo; y la progresividad, o sea que empiecen a pagar menos los que menos tienen y más los que mayores recursos poseen.
La eliminación del impuesto a los sueldos de los trabajadores que cobran hasta $150.000 y la reducción de la alícuota para quienes perciben entre 150.000 y $175.000 mensuales generará, sin dudas, una mejora en el poder adquisitivo de estos sectores, que se debe aclarar que son medios y no bajos, como se escribió por ahí.
Cálculos que publicó BAE señalan que
un trabajador asalariado que cobra $150.000 mensuales brutos se lleva alrededor de 125.000 netos, y que entre 3.000 y 4.000 de la diferencia entre el primer número y el segundo se le van por mes de Ganancias.
La expectativa del Gobierno es que ese dinero con que ahora contará irá al consumo.
Son cerca de 1,3 millón de empleados los que dejarán de pagar el tributo, que ahora tendrán esos entre 3.000 y $4.000 extra en sus bolsillos. Unos $4.500 millones para ser gastados en la economía argentina.
La recuperación del consumo será una de las claves para concretar la posibilidad de una reactivación de la actividad económica luego de tres años de recesión, dos del macrismo y uno por la pandemia, que incluyó desplome del PBI entorno al 10% en este pasado 2020. Es que la demanda interna representa cerca del 70% del producto anual en Argentina. Mucho alivio para un salario real que se desplomó más de 23% desde diciembre de 2015 y que la pandemia impidió su recuperación.
Pero esos recursos, así las cosas, son $40.000 menos para el Estado, cuyas arcas no tienen demasiado margen. Pues bien,
en el oficialismo hay plena confianza en que este nuevo esquema que brindará alivio para la clase media argentina no implicará pérdida de recursos fiscales respecto a lo previsto en el Presupuesto 2021 que diseñó Guzmán.
¿Cómo? Es que la explicada buena nueva para los trabajadores y jubilados
irá en simultáneo con una modificación de la Ley 27.430, sancionada en 2017 por Cambiemos, con el objetivo de suspender por un año la reducción de la alícuota de Ganancias para empresas, que la mencionada normativa bajaba del 30% al 25% para este año fiscal.
El proyecto que suspende la mencionada rebaja del tributo para las empresas fue enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo el 17 de diciembre. Tiene solo dos artículos, en los que plantea mantener hasta el 1º de enero de 2022 inclusive la alícuota del 30% para las Sociedades de Capital –que, según la reforma tributaria de 2017, debería bajar al 25%- y del 7% para los dividendos distribuidos.
El proyecto impulsado por el Gobierno prevé que a las empresas que mantuvieron su rentabilidad, es decir que no perdieron ni siquiera durante la crisis por la pandemia, se les suspenda la baja en la alícuota de Ganancias respecto a lo previsto. El freno a esta baja sería desde enero de 2021 y hasta los ejercicios fiscales que se inicien a partir de enero de 2022 inclusive.
Lo que ocurre en general, según explicaron especialistas a distintos medios, es que en mayo las empresas presentan la declaración jurada del ejercicio 2020 y, desde ese momento, tienen cinco cuotas de anticipo respecto a 2021. Luego, pagan el saldo durante 2022. Así las cosas, una parte del impacto de la alícuota de 30% se dará en 2021 y otra parte en 2022. El Gobierno está considerando la parte que impacta durante este año.
Así,
entre el beneficio para trabajadores a través de Ganancias y el freno a una rebaja para las empresas, lo que esperan en el FDT es que, en conjunto, la aprobación y ejecución de ambos proyectos dejen "un saldo entre neutro y favorable" para la recaudación de este 2021 y que, al mejorar el poder adquisitivo de un grupo de asalariados, luego sobrevenga un impacto positivo en el consumo, variable fundamental para la recuperación de la actividad de este y los siguientes años.
